Es posible que haya alguien que tenga una explicación razonable, medianamente creíble y lógicamente aceptable del comportamiento de este gobierno, en pleno estado de desconcierto, que dirige, si se puede entender así, el destino de esta nación.

Como Putin, en su guerra contra Ucrania, el señor Pedro Sánchez se ha visto obligado a recurrir a todas sus reservas mediáticas para afrontar una situación que, solo hace unos meses, no hubiera podido imaginarse. Las encuestas no parece que reflejen el que sus esfuerzos estén dando el fruto apetecido.

La señora Montero con sus declaraciones no hace más que incurrir en uno de los más repugnantes intentos de interferir en la educación de una juventud incapaz, por si sola, de entender, analizar, sacar conclusiones y defenderse de aquellos experimentos malignos destinados a pervertirla, adoctrinarla, confundirla y encaminarla por derroteros que la induzcan al vicio.

Cuando un presidente de gobierno cae en el infantilismo narcisista de intentar vender su imagen pública a través de una cursilería, tal como es la de hacerse protagonista de un documental en el que quiere dar la sensación de ser un personaje importante, un político de categoría o un ejemplo de lo que debería ser un mandatario de una nación como la española; lo único que se puede pensar de él es que está perdiendo el sentido común.

Como es habitual en los gobiernos de izquierdas, y en España no es distinto, el peor enemigo que tienen está en sus propias rencillas internas y en su afán de ostentar el poder por encima de lealtades, compromisos, alianzas y demás contratos y contingencias en los que están basados y con los que suelen pergeñarse estos gobiernos de coalición, que ya de por sí tienen como característica principal su inestabilidad y su fragilidad de origen.

Cuando llega un nuevo gobierno a un país lo lógico es que se espere que, aquellos defectos que se le achacan al anterior y que han sido causa de su caída sean los primeros en corregirse; al menos, que exista una verdadera intención de hacerlo. 

El fracaso del intento de golpe de Estado en Cataluña del 1º de octubre del 2017 no fue, ni mucho menos, el darle finiquito a una situación larvada durante muchos años, mal llevada desde los sucesivos gobiernos de la nación y, evidentemente, menospreciada por los políticos españoles.

En la edad media, a los presuntos delincuentes se les tenían pocas o ningunas consideraciones a la hora de poder argumentar a favor de su inocencia. No solamente entre los esbirros del Tribunal de la Inquisición, sino incluso en la justicia ordinaria laica eran corrientes procedimientos que hoy causaría espanto, estupor y absoluto rechazo a cualquiera de nuestros tribunales penales.