El Gobierno realimenta y facilita la rebelión independentista catalana

El fracaso del intento de golpe de Estado en Cataluña del 1º de octubre del 2017 no fue, ni mucho menos, el darle finiquito a una situación larvada durante muchos años, mal llevada desde los sucesivos gobiernos de la nación y, evidentemente, menospreciada por los políticos españoles que no supieron darle la importancia que tenía, poner los medios para erradicar aquellas semillas del mal y, dejarse arrastrar por el miedo de todos los ejecutivos de derechas a dar un paso en falso que les restara votos y los condenara a la oposición. Algo que, como hemos tenido ocasión de comprobar, no le sirvió al señor Mariano Rajoy para evitar recibir un golpe certero, por parte de los socialistas, que lo llevó a tener que renunciar a su mandato.

Quien haya seguido el proceso de la causa independentista catalana desde aquella fallida revolución, habrá tenido ocasión de comprobar como los gobiernos de izquierdas que han venido sucediendo al del PP han conseguido, a través de múltiples combinaciones, indultos extemporáneos, cesiones incomprensibles, conversaciones impropias y un cúmulo de traiciones, solapamiento e interpretaciones interesadas de los principios constitucionales, que han llevado a la cuestión independentista al punto en el que se encuentra hoy, donde parece que los que vienen incumpliendo la Carta Magna son las derechas y todos aquellos que se oponen a la escisión de Cataluña de España y, los que tienen la razón, aquellos que vienen propugnando que se les conceda la independencia del país.

Cada uno de los que defienden al Gobierno y de los que lo hacen con el separatismo catalán ha acuñado sus propios mecanismos de defensa. El gobierno, encabezado por el señor Pedro Sánchez ha iniciado su ataque directo contra el líder de la oposición tachándoles de “catastrofista, incapaz y falto de preparación para regir España” y los  catalanistas, utilizando la expresión “opresión”, para calificar cualquier opinión, actuación, sentencia judicial o intento de que cumplan las leyes de la nación, como si exigir que se respeten las normas por las que se rige un país fuera algo opresivo si se oponían a lo que unos determinados miembros de la sociedad catalana, intransigentes y demagógicos, consideran como una injusticia democrática.

Pero, en realidad, no se les puede acusar a los miembros de los distintos partidos separatistas catalanes de ser los culpables de que se siga alimentando un separatismo latente que, de ser otras las circunstancias, seguramente ya estaría próximo a quedar aletargado definitivamente. Las sentencias, ejemplarizantes, contundentes y perfectamente argumentadas del TS no permitieron resquicio por el que se las pudiera considerar inconstitucionales. Lo intentaron desde todos los ángulos, incluso la propaganda en contra de ellas causó mella en los tribunales europeos que, el tiempo y los argumentos que se han aportado, han ido eliminando de modo que el señor Puigdemont que inició su particular batalla contra el Estado español, está más cerca que nunca de perder definitivamente su impunidad.

Y decimos esto, porque quién se debe atribuir de una manera especial el que, todavía, a estas alturas de la legislatura de los socio-comunistas, siga acudiendo tanta gente a la famosa “diada” no es mérito de unos partidos que se enfrentan cotidianamente unos con otros para ver quien se queda el poder; sino de un Gobierno que se viene empeñando en darles esperanzas, en concederles prebendas, en facilitarles financiación extra, en aplaudir sus manifestaciones de índole separatista y, en fin, de negociar con ellos, de tú a tú, de poder a poder, sin que se note la distinción entre los que mandan y dirigen las sendas por las que transcurre la nación y los que, en definitiva, son unos funcionarios delegados del Estado dentro de una de las comunidades del mismo. “Con estos mimbres,” como dice el refrán ”no se puede hacer más que este cesto”, si son los mismos miembros del Gobierno quienes apoyan que no se aplique la Constitución, en el tema sangrante de que se omita en Cataluña la enseñanza del 25% en lengua castellana; abiertamente impedido, prohibido y sancionado de una forma totalitaria por las autoridades de la Generalitat, sin que los tribunales se hayan rasgado las vestiduras ante semejante tropelía constitucional.

Aquellos que, de una manera absolutamente arbitraria y sin que se cumplieran los requisitos mínimos para que pudiera optar a esta gracia gubernamental, siguen actuando como si su estancia en prisión no hubiera servido para que reflexionaran o, al menos, les hubiera servido para que no se metieran otra vez en semejante lío. No sólo no han renunciado a conseguir, del modo que sea, la independencia de la autonomía catalana, sino que son sus más ardientes defensores y críticos con España por no acabar de concedérsela. Ellos son los que no paran de hablar, el señor Aragonés el primero, de “opresión” sobre los catalanes. Una “opresión” que les permite seguir poniendo como “chupa de dómine” al resto de España sin que tenga consecuencia alguna para quienes tienen la osadía de enfrentarse a nuestra propia Constitución.

Las encuestas han venido confirmando de una manera sistemática y continua que los separatistas cada vez son menos y que el porcentaje de los que siguen siendo partidarios de que sigamos unidos, va creciendo a medida que pasan los años y los profetas de la separación van perdiendo sus argumentos a favor de una realidad tozuda que no deja de contemplar los graves inconvenientes que, para los catalanes y Cataluña, tendría el declarase una nación soberana. En primer lugar, por lo que respectaría a sus futuras relaciones con la UE que, contrariamente a lo que intentan hacernos creer los que confían en un trato de excepción para los catalanes, no hay ninguna ley europea que permita que, una nueva nación desgajada de una que ya forma parte de la comunidad de naciones, pueda pedir ingresar sin seguir los procedimientos de solicitud, estudio, precedencia, procedencia y aceptación unánime del resto de naciones para que se pueda llevar a cabo, en un plazo bastante prolongado la admisión solicitada. Por otra parte, da la sensación de que ignoran que el 60% del comercio catalán depende del resto de España.

Y, en estos momentos en los que el Banco de España vuelve a llamar la atención sobre la debilidad de nuestra economía, los gurús del gobierno socialista siguen optimistas, inconmovibles y ajenos a todo lo que no sea ceñirse a su propaganda preelectoral, que han decidido que debe consistir en centrar todos sus esfuerzos en desacreditar al señor Feijoo, un político que ganó en su región, la Coruña, por cinco mayorías absolutas al que, un impresentable político que no hace más que cosechar fracasos uno tras otro, el señor P. Sánchez, le pide que se respete la Constitución, pero permite que en Cataluña se desobedezca y que ha tenido que soportar, en varias ocasiones, que el TC le condenara por haber tomado decisiones que no las permitía la Constitución.

Lo peor de todo este programa que tenemos ante nuestros ojos, es que es muy probable que, en las dos consultas a las urnas que tenemos ante nuestra vista; las municipales y las legislativas de aquí a un año y medio, haya un cambio político que sea capaz de que pueda gobernar un gobierno conservador que va a tener el gran handicupde tenerse que enfrentar a las consecuencias del gran despilfarro que van a cometer los socialistas, conscientes de que cuanto peor le  dejen la situación a los nuevos gobernantes, mejor van a ser las posibilidades de hacer una oposición más dura.

Es por ello que recomendaríamos al señor líder del PP que vaya con mucho cuidado con algunas de sus declaraciones que, desgraciadamente, no coinciden con el pensar de una gran mayoría de los presuntos votantes del PP. Hoy, en la COPE, le hemos vuelto a escuchar vacilante, poco firme, seleccionando párrafos muy específicos y podríamos decir que secundarios, respecto a una ley que está en marcha, sobre el tratamiento del tema del aborto que sigue, lo queremos recordar, pendiente de una sentencia del TC que, de una manera vergonzosa, completamente absurda, diríamos que incluso penalizable, por tratarse de la vida de seres humanos en el vientre de sus madres, cuyo recurso en contra fue formulado por el PP hace ya una veintena de años, durante los cuales sus señorías del TC no han tenido tiempo para poderlo resolver, pese a que cada año se practican en España unos 100.000 abortos.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, deberíamos pensar en lo que se deja que suceda en esta Cataluña, poco disciplinada, excesivamente politizada y, evidentemente, ingobernable a la que parece que nadie, en el Gobierno de España, está dispuesto a enseñarle el camino de lo que es un Estado democrático, en el que existen una leyes que deben ser aplicadas en todo el territorio, sin excepciones, privilegios ni prebendas que puedan distinguir, en cuanto a derechos y obligaciones, a ningún ciudadano respecto a cualquier otro del resto de la nación.