El miércoles era un día marcado en color rojo en el calendario del independentismo, el Tribunal General de la Unión Europea iba a dar a conocer la sentencia sobre la impunidad de Puigdemont, Comín y Ponsatí. Una resolución judicial del alto tribunal europeo en la que los implicados tenían puestas sus esperanzas para poder seguir moviéndose por territorio de la Unión Europea con total tranquilidad.

En 2019, un coruñés que había contratado una tarjeta Wizink en el año 2010, harto de pagar cuotas sin que la deuda se redujera, demandó a la entidad solicitando la nulidad del contrato por usura y falta de transparencia.

Aforismo latino que vertido al Español quiere decir: “La corrupción de lo muy bueno es malísima”. Con esta frase se quería indicar que lo óptimo, cuando se echa a perder, cuando se pudre, es fétido, es lo peor que hay. Por desgracia hoy entre los españoles está vigente ese dicho.

Hubo un tiempo en que Pedro Sánchez necesitó el apoyo del independentismo catalán para conseguir la Presidencia del Gobierno. Y consiguió el apoyo de ERC, prometiendo a los catalanes un mejor trato en sus relaciones con el Gobierno. Eran los tiempos en los que el PP de Rajoy había ido encendiendo hogueras entre España y Catalunya.

Cada año, a principios de septiembre, se produce la solemne inauguración del año judicial. Los señores magistrados de alto copete, es decir los de los altos tribunales del Estado, tienen una quedada en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo donde, en presencia del rey, con las togas y las puntillas de las albas puñetas de la bocamanga relucientes.

Veinticuatro Procuradoras y Procuradores, han presentado a título personal, escrito ante el Tribunal Supremo, anunciando la interposición de Recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo contra el RD 307/22 de 3 de mayo por el que se modifica el RD 1373/2003 de 7 de noviembre por el que se aprueba el Arancel de Derechos de los Procuradores de los Tribunales.

Hablaban en Unidas Podemos de acabar con las puertas giratorias, pero les ha faltado tiempo para absorber en el «Ministerio de Igual Da» a una condenada y dos procesados. Imagínense a la tal Serra, Isa, condenada por atentado a la autoridad. Cualquiera que cometa un atentado es un terrorista, y ahora quieren convencernos de que no lo es, a pesar del espectáculo que montó contra la policía femenina, a quien llamó de todo menos bonita, con vejaciones incluidas.

Muchos ciudadanos españoles estaban deseando de que el «ave» piara y de que lo hiciera con rigor y pruebas. Ha llegado el momento y lo ha hecho. ¡Bendito «ave»! Precisamente a esa acción tenía miedo un sector negligente, portador y aventador de odio, además de apoyo al asesino Nicolás, heredero y continuador del «gorila rojo». 

El Consejo General del Poder Judicial aprobó el 23 de noviembre del año 2005 su reglamento de honores, tratamientos y protocolo a aplicar en los actos judiciales solemnes. El motivo de esta regulación es «colmar lo que, hasta este momento, ha constituido una importante laguna jurídica, la organización del protocolo en los actos del propio Consejo y de los órganos de gobierno del Poder Judicial.

El establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español, herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión.

El informe demoledor del TS deja al Gobierno desnudo de argumentos para avalar la necesidad del indulto de los 12 condenados por la rebelión del 1º de octubre del 2017.

Esta campaña de la mass media del establishment haría énfasis que Podemos estaría considerado por EEUU como de "filiación chavista" y que la adopción de estas medidas por el Gobierno podría reeditar "el caos económico de Grecia y Venezuela" con el objetivo confeso de provocar la salida de Podemos de Gobierno presidido por Pedro Sánchez y la posterior formación de un Gobierno de Salvación PSOE-PP.

La sentencia número 564/2020 del Tribunal Supremo con fecha de veintiséis de mayo de 2020 ha fijado como doctrina que «no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos.

El pasado noviembre, el Tribunal Supremo anuló una condena de 3 años y 8 meses a un hombre acusado de estafa agravada por medio millón de euros. La sentencia causó revuelo, y se comentó de forma masiva en los medios porque parecía implicar que «robar a la suegra no es delito».

Los mayores, los viejos como yo, nos sentimos confusos, bastante perdidos con las cosas que ocurren y no entendemos, mientras que recordamos con cariño lo que vivimos de niños.

Torra, presidente de la Generalidad de Cataluña, fue el elegido por Europa Press para el primer desayuno informativo tras el verano. Madrid, Paseo de la Castellana y hotel Villamagna. Prensa. Poca compañía. Ausencias medidas. Seguridad doble, por ataques y fugas. ‘Pato cojo’ en Moncloa. Reojo al reparto de poltronas. Y, ¡cojón de pato!, el Procés con sentencia.

Esta preocupación constante de los magistrados del TS por lo que puedan pensar los tribunales de las naciones del resto de Europa a cerca de nuestras leyes, no hace más que demostrar la inseguridad, el miedo a la opinión que puedan tener los representantes de la Justicia de nuestros vecinos europeos y la influencia que puedan ejercer los soberanistas catalanes sobre el TJUE por medio de sus representantes legales que, al menos hasta estos momentos, no han dado una mediante los sucesivos recursos que han ido presentado ante el Tribunal Europeo de Recursos Humanos, saliendo trompicados en cada uno de ellos.

En el juicio con minúscula, que se está desarrollando en el Tribunal Supremo para enjuiciar a unos catalanes, hay un Juicio con mayúscula que merece algo más que expectación: una reflexión sobre lo que es la administración de justicia en España. El juicio, con minúscula, merece la atención propia de lo noticioso. En él se está juzgando si los hechos que se analizan suponen una violación de leyes y un atentado contra el Estado.