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Los independentistas catalanes tratan de mantener que la democracia está por encima de la ley lo que resulta absurdo, pues la democracia significa el poder de todo el pueblo frente al sistema aristocrático en los que el poder se ejercía por los que se consideraban o eran reconocidos como “los mejores”, el sistema absolutista del monarca que se consideraba delegado de Dios mismo y reinaba “por la gracia de Dios”, o el sistema dictatorial en el que una persona o un partido concentra todo el poder imponiéndolo por la fuerza de las armas o el terror que son las tiranías aún presentes en nuestro mundo.
Todos los sistemas se han ensayado a lo largo del tiempo y algunos siguen vigentes, pero el que ha resultado más aceptable ha sido la democracia, siempre y cuando no resulte excluido ningún grupo humano, como ocurrió con los negros en USA, que, después de estar presumiendo de democracia desde finales del siglo XVIII, no aceptaron a los afro-americanos hasta 1967 gracias a la denodada lucha de Martin Luther King o el Imperio Alemán que excluyó a los alemanes de origen judío asesinándolos.
Las democracias se sustentan en una constitución en la que se determina el sujeto soberano y el territorio de la misma y se estatuyen las formas en que se ejercerá el poder por todos los ciudadanos. España ha redactado varias constituciones desde la de 1812 a la de 1931 que tuvieron desigual fortuna y duración, hasta que en 1978 nos dimos la que pensamos y deseamos que tuviera una vida larga y fructífera, pero he aquí que parte de los españoles que viven en Cataluña, los que se consideran una raza superior, llevan años intentando romper la unidad de España y convertirse en una nación independiente saltando por encima de las leyes que son precisamente las que forman el entramado democrático.
La Constitución Española no es intocable, en ella se prevé la posibilidad de modificarla por lo que podrían intentar esta vía, pero saben de su imposibilidad ya que los que reclaman la independencia no son todos los españoles que viven en Cataluña sino una minoría supremacista que viene vendiendo sus votos por prebendas, que la han llevado a resultar beneficiada frente a otras regiones españolas y a gozar de un autogobierno a todas luces excesivo.
Para lograr sus fines han ido utilizando su lengua y su historia inventada para presentarse en la escena internacional como víctimas del Estado Español y se han lanzado a una rebelión, a un golpe de estado, que esperaban fuera apoyado por la Unión Europea, cuyos autores merecen ser castigados y que sirva de aviso a otras regiones que también tienen o han tenido veleidades separatistas.
Estos golpistas no son presos políticos sino políticos presos que han pasado de sus ensoñaciones independentistas a utilizar la desobediencia, el desacato y la violencia contra el Estado, cuando esas mismas personas son los representantes de la nación española en aquella comunidad autónoma.
Su defensa carece de consistencia ya que sus ideas podían haberlas defendido en el Congreso y el Senado del que forman parte si fueran razonables, pero la violencia organizada no tiene cabida frente a la nación de la que forman parte, que votaron en su día y de la que han obtenido, seguramente, excesivas ventajas.
Ni el gobierno ni las instituciones pueden mostrar debilidad ante los desmanes provocados por los que creyeron que podrían doblegarnos.
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