​Sin Estado de alarma, pero alarmados por sus consecuencias

Ya su implantación fue una obra maestra de ingeniería política. El Gobierno utilizó este medio, el de la declaración de “estado de alarma”, como el mago saca un conejo de la chistera, ante una situación que fue incapaz de afrontar desde sus mismos inicios. Una medida que, indudablemente no fue pensada por los legisladores para una situación como la que estamos padeciendo de pandemia vírica, sino más bien para estados bélicos o prebélicos o grandes cataclismo naturales e, indudablemente, para que fuera usado por el Gobierno central, bajo su estricta responsabilidad y como medida unificadora para todo el país, respecto a la aplicación de una serie de decisiones que, en otras circunstancias no podría sumir por ser anticonstitucionales y privativas o modificativas de derechos fundamentales de los ciudadanos. Para evitar que se le responsabilizara de las decisiones erróneas que, en las primeras fases de la Covid 19 se tomaron, con una frivolidad nada más entendida desde el punto de vista de primar la política de partido sobre la salud de la ciudadanía, decidió sacarse de la mano la dejación de la responsabilidad de tomar decisiones, en manos de las comunidades autónomas, algo que no se entiende desde el punto de vista de lo que creemos fue la intención del legislador que, precisamente, consistía en dar todo el poder al Gobierno para que evitara que cada autonomía se sacara de la manga sus propias medidas que, como ha sucedido, han sido distintas para cada territorio de España, con la particularidad de que, en muchas de ellas, sus medidas para enfrentarse a la pandemia han estado más condicionadas por la vertiente política de sus gobernantes que por lo que sería más adecuado para la ciudadanía y la economía ( no olvidemos que casi siempre suelen estar interconectadas) y el derecho al trabajo de los españoles: una fórmula, bien pensada, igual para todas ellas.

Aparte de que el señor Pedro Sánchez, manu militari, decidió que en lugar de que el estado de alarma fuera controlado por el Parlamento cada 15 días, como estaba estipulado en la Ley, lo hizo extensivo hasta este mes de mayo, y lo mismo decidió que se hiciese respecto al control parlamentario, que lo trasladó a la misma fecha. Lo más curioso y diríamos deleznable, por lo que supone de estafa a los ciudadanos, a los que se les priva del debate parlamentario, inherente a cada norma que se presenta ante él, para su aprobación; para ir promulgando, una tras otra y a la velocidad que le ha permitido el desdén por los derechos de los españoles y su creencia de que, a ellos, todo les está permitido; una forma de enfocar la política que, desgraciadamente, se utiliza en todas las dictaduras socialistas y comunistas del mundo, que tanto totalitarismo vienen ejerciendo en aquellos países donde la democracia brilla por su ausencia y la dictadura se ha convertido en su sistema generalizado, de carácter oprobioso, para conseguir tener al pueblo sujeto a las decisiones del poder absoluto.

El Estado de alarma, cuando está justificado, es algo prácticamente automático ya que puede ser aplicado directamente por el Gobierno mediante decreto, por un plazo máximo de 15 días, aunque el Ejecutivo debe "dar cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto". Sin embargo, dentro de este galimatías en el que se ha enfangado el actual ejecutivo, mediante el cual quiere que, a partir de ahora sean las autonomías las que tengan que bregar con los trámites para poder enfrentarse a la crisis del coronavirus, en sustitución del desaparecido estado general de alarma, supone seguir la ruta tortuosa siguiente: Consejo de Gobierno, Tribunal Superior de Justicia,, recurso al Supremo, informe de la Fiscalía y comunicación a las respectivas partes y decisión de la correspondiente Sala del TS. ¿Hay quien dé más? En manos de esta gente estamos.

Se ha ido el señor Iglesias, una buena noticia para la democracia, pero Sánchez, y su devaluado gestor político, el señor Iván Redondo y, no se lo pierdan ustedes, todo este ramillete de ministras, feministas, intolerantes, intransigentes, soberbias y, para desgracia del pueblo español, que ocupan un poder y unos cargos que les permiten poner en práctica una colección de ideas que, ni al más zoquete y resabiado ciudadano, nunca en la vida se le hubiera ocurrido ponerlas en práctica, resulta que han podido adquirir el nivel de leyes, como la de enseñanza de la señora Zelaá ( recurrida ante los tribunales europeos) que ha sido aprobada sin consenso alguno y, en contra de la opinión de muchas de las asociaciones de enseñantes.. Es cierto, que lo que ha sucedido con las elecciones de la comunidad madrileña ha supuesto un duro varapalo para los socialistas adictos a Sánchez y que, por mucho que intenten relativizar el triunfo de la señora Ayuso, negando la terrible derrota del PSOE en Madrid, lo que es evidente es que nuestros actuales gobernantes han quedado traumatizados, han perdido fuelle y, lo más importante, parece que están recogiendo velas a toda marcha, temiendo que el efeto contagio de la vitoria de los populares pueda dar al traste con la idea, que ellos daban por supuesta, de que iban a poder pasar cómodamente a una próxima legislatura, dando por descontado que el PP quedaría descartado ante su derrota en las elecciones catalanas.

Lo curioso de todo este juego político es que, el señor Sánchez y sus correligionarios, con todos los medios de propaganda a su alcance (prensa, Parlamento, Senado, televisiones, radios etc.) han quedado superados por el buen hacer de una sola señora, alguien a quien ellos daban por amortizada pero que, como se suele decir, “les ha madrugado”: la señora Ayuso. Claro que, en esta ocasión, las malas artes de este niño prodigio experto en politiqueo, han fallado estrepitosamente; en una palabra, que se les ha vito “el percal” y han quedado retratados, tanto en Murcia, como en Castilla y León como, finalmente, en Madrid, donde sus planes maquiavélicos han resultado ser un juego de niños para que la señora Ayuso les diera la más severa derrota que han sufrido en muchos años, los socialistas.

Y alguien todavía se atreve a hablar de “revolución cultural”. Pero ¿acaso se refieren a la de Mao-Tse-Tung en la china, esta misma que, para implantarla, fue necesario practicar uno de los mayores genocidios que se han dado en la Historia. O quizá se referirán a la que tuvo lugar en Corea del Norte, hoy bajo la férrea dictadura de Kim-Jong-Un, donde la vida de cada coreano pende de un hilo o, puede ser que quieran hablar de la “revolución cultural de la II República española” con las huelgas, la revolución de Asturias de la izquierda, contra la propia república, o los viles asesinatos de Paracuellos del Jarama donde se masacraron a miles de personas por sus creencias religiosas o por no compartir las ideas de los sanguinarios gestores de las famosas checas.

Una de estas niñas pijas de La Vanguardia, en un artículo publicado en este panfleto independentista en el que se ha convertido el periódico de los Godó, dice lo siguiente: “Ayuso sería como una tutora que permitiera a los chavales no ir a clase si no les da la gana (Yo diría si no les “diera la gana”, pero cada cual hace de su capa un sayo). Pues esa señora, Llucía Ramis, saca conclusiones verdaderamente estrambóticas respecto a una presidenta de la comunidad madrileña, que acaba de renovar el cargo brillantemente, Isabel Díaz Ayuso, que pertenece al pensamiento liberal, una opción política que existe en todo el mundo, considerando que, por el mero hecho de tener una determinada idea política, la transforma en tonta o idiota, que es lo sería si hiciese lo que esta periodista, suponemos que separatista, piensa de ella.  Otra, más informada, sabría que la señora Ayuso es partidaria de la escuela concertada y de que, el Estado, no debiera de poner en entredicho el derecho de estas escuelas a recibir, como se había hecho hasta ahora, ayuda del Estado. Claro que, suponemos, esta periodista sería incapaz de decirle a la Señora Colau, la alcaldesa comunista de Barcelona, que su forma de actuar no es ni más ni menos que despótica, ilegal, irresponsable y contraria, evidentemente, a los intereses, objetivos económicos, nivel de vida de los ciudadanos y del desarrollo de la industria y el turismo en una ciudad en la que, cada vez más, su objetivo se había centrado en lograr una afluencia mayor de turistas de calidad y, por contra, gracias a ella, a su oposición a que lleguen cruceros de turistas y a la libertad de que estos de pudieran circular libremente y a su antojo, por todas las calles, museos, restaurantes, lugares de ocio, exposiciones etc. que tanta vida y prestigio le dieron, en su día, a la Ciudad Condal. Pero a esta señora no le importa la degradación de su propia ciudad y ha de buscar en Madrid, una ciudad ejemplar y que está superando a Cataluña en todas las facetas que denotan la calidad de vida, la libertad, el progreso, la buena gobernanza y el cosmopolitismo, algo que no se logra poniendo obstáculos, prohibiendo, acribillando a impuestos a los catalanes e interviniendo en temas que forman parte de los derechos constitucionales de los ciudadanos y que no están comprendidos entre las facultades que tiene la señora alcaldesa. Y terminaremos con una frase del poeta romano Publio Ovidio Nasón: “Las leyes están para que el poderoso no pueda todo”. En ocasiones, hasta dudamos de que, lo que dice el poeta, sea cierto.