El presidente Sánchez empuja a España hacia un estado totalitario

“La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre las faltas de los demócratas”, Albert Camús. 

La nueva ley de Seguridad Nacional, con la que se pretende sustituir la del estado de alarma que tantas facilidades ya proporcionó al actual  ejecutivo para mangonear la política nacional con la excusa de la pandemia del Covid 19, con el argumento de que hace falta una ley específica, ad hoc, que le facilite aún más al señor presidente del Gobierno el que se pueda saltar los controles previstos para que, sus decisiones, pudieran ser censuradas, revisadas, controladas y, en su caso, rechazadas por los distintos filtros establecidos por nuestra legislación, parece que ya se ha convertido en una amenaza cierta. 

Recordemos las numerosas leyes que se nos han colado mediante la utilización, manifiestamente abusiva, del método del decreto-ley para cuestiones o temas que en nada han estado condicionados o justificados por la necesidad de atacar la pandemia o con todos los otros aspectos que pudieran estar relacionados con la misma. Nace, este proyecto de ley, desde el primer momento en el que se nos ha hablado de ella, con todos los condicionamientos favorables a que se la considere como una cacicada de aquellas a las que nos tienen acostumbrados estos señores de las izquierdas.

Si el PSOE ya se levantó furioso en contra de una ley, a la que se calificó de abusiva, en contra de los derechos ciudadanos y con pretensiones intervencionistas y que fue bautizada, por sus detractores, como “ley mordaza”, cuando lo único que se pretendía era evitar el deterioro del orden público, tan seriamente dañado por las actuaciones de los grupos separatistas catalanes y de los sectores comunistas radicales, empeñados en crear una situación de inseguridad ciudadana que les permitiera sacar beneficios políticos;  no sabemos lo que hubieran hecho, dicho o  las acciones legales que hubieran emprendido si, en lugar de ser ellos quienes presentaran semejante chapuza jurídica, hubieran sido los de VOX o del mismo PP los que hubieran pretendido aprobarla.

Se parte de la premisa de que, el señor Presidente del Gobierno, queda facultado para tomar decisiones en los casos en los que él estime que puedan constituir una situación grave para el país o concurran unas circunstancias excepcionales que, a su criterio, requieran actuaciones rápidas, contundentes e indiscutibles, de modo que quede en sus manos, sin control alguno, el poder hacer, deshacer, intervenir bienes y servicios, movilizar a personas mayores para los trabajos o cometidos que libremente les puedan asignar sin que, aparentemente, existan límites o excusas de las que se puedan valer aquellos ancianos o enfermos que no estén en condiciones de cumplir con el mandato que se les ha asignado. 

Toda la ley está llena de lagunas, imprecisiones, vaguedades e inconcreciones respeto a los procedimientos, los plazos, los términos, las circunstancias y los casos determinados que puedan justificar actuaciones tan protegidas constitucionalmente como los derechos a la propiedad, a la libertades individuales y, por encima de todo, el hecho absurdo de que se le atribuyan a una sola persona, el señor Presidente, unas facultades omnímodas para cuando se den unas circunstancias que, en la mayoría de casos, requerirían unos informes previos de aquellas partes que fueran especialmente expertas en el tema, que pudieran evitar que las decisiones del presidente se hicieran sin el debido respeto a los peligros, circunstancias, efectos secundarios y repercusiones económicas, sociales y políticas que, como ya ha sucedido con el Estado de Alarma, una vez tomadas y realizadas pudieran repercutir de forma grave en lo que serían los intereses del pueblo español, de su economía de su proyección en el resto de la comunidad europea.

Independientemente de lo que pudieran opinar, sobre tal intento totalitario, los tribunales de Justicia o el resto de partidos políticos e instituciones públicas con posibilidades de recurrir el proyecto de ley; es evidente que estamos entrando, a pasos agigantados, hacia un control total de los resortes del poder. Como si quienes están promoviendo estos cambios tan bruscos y tan faltos de una reflexión profunda a cerca de sus consecuencias futuras, se estuvieran dando cuenta de que, si no avanzan rápido, si no fuerzan la marcha y toman el poder cuanto antes lo que puede suceder es que, el pueblo, empiece a darse cuenta de que todo aquello que les prometieron, aquellas mejoras que todavía se han cumplido sobre el aumento de nivel vida e igualdad, en las que tanto insistieron los demagogos ni han llegado ni mucho menos existe la posibilidad de que lleguen porque hay cosas que son imposibles si no se basan en proyectos perfectamente valorados y menos cuando quienes gobiernan no están capacitados ni están preparados para la labor que se les ha asignado y, de lo único que son capaces, es de emplear la demagogia para ir alargando los plazos, una martingala que, evidentemente, tiene unos  términos o metas más allá de los cuales, aquellos a los que se les engañó, empiezan a pedir responsabilidades y acaban por levantarse en contra de quienes les tomaron el pelo vendiéndoles unas esperanzas que nunca estuvieron en condiciones de darles.

Y una observación más respeto a lo que, de aprobarse la ley de la que nos ocupamos, sería como la confirmación de que la Constitución ha sido puenteada, que los derechos del pueblo español no se han tenido en cuenta y de que, de lo que se trata en realidad, es de poner en marcha un proyecto de las izquierdas consistente en desmantelar toda la democracia, las ventajas que se han conseguido gracias a ella, para dar entrada, con la supresión de la monarquía y la redacción de una nueva Constitución, en la que los socialistas ya vienen adelantando que lo que quieren es impulsar una “cogobernanza federal” que, como se puede entender fácilmente, lo que propone es cambiar la actual Carta Magna para construir otra a gusto de socialistas y comunistas que, a la vez, suponga darles lo que piden a los separatistas vascos, catalanes y los que puedan surgir en el resto de autonomías del Estado español.

Y ante estas perspectivas no tenemos más remedio que preguntarnos lo que piensan al respeto determinadas personas de las que nos resulta extraño que se hayan encerrando en el mutismo cuando lo que se nos viene encima hasta el más tonto del lugar, ya se está dando cuenta.

Empecemos por la persona de SM el Rey. Es evidente que sus facultades están muy limitadas, que sus posibilidades de intervenir son nulas, pero tampoco se puede evitar que, como un español más, pueda emitir un juicio sobre el estado de España. No olvidemos que es el jefe supremo del Ejército español y el defensor e la nación española. Pero, en la casa real hay quien se dice que manda más que el propio soberano. Ya se le advirtió en su tiempo que los matrimonios morganáticos no eran lo más convenientes para una monarquía. Leticia ha intervenido demasiado en la vida del monarca, ha sido la que ha conseguido dividir a la familia real, una parte de la cual ha perdido esta prerrogativa; sus amistades no son precisamente de derechas y parece que tiene algunos resabios del socialismo.

En fin, que parece que Felipe VI empieza a tener cierto parecido en su conducta con la de su bisabuelo, Alfonso XIII, que se fue de España antes de que se supieran los resultados definitivos de las elecciones de abril de 1931. Un error que, posteriormente, los españoles pagaron muy caro.

El señor Casado, sigue más preocupado por el hecho de las perspectivas electorales y de enfrentarse a cara de perro con VOX, que con intentar agrupar fuerzas, denunciar situaciones de hecho que no tienen perdón de Dios, como las que están teniendo lugar en Cataluña donde, cada vez más, la temeridad de los políticos separatistas es mayor, las presiones contra sus dirigentes se hacen más fuertes e intimidatorias, mientras aquellos que debieran haber continuado en la cárcel y no participar en actos políticos han sido indultados y se mueven por los ambientes parlamentarios y reductos independentistas con la misma facilidad y libertad que cualquiera que no hubiese sido condenado por una falta tan grave, contra España y sus ciudadanos.

VOX y su presidente, el señor Abascal, con ser el más vilipendiado, el considerado como de “extrema derecha” y con el que el PP hace ascos cuando se trata de asociarse, parece ser el único que habla con sensatez, que tiene las ideas claras respeto a lo que muchos queremos que sea España y el que sabe, con prístina certeza, el destino al que nos llevan las izquierdas y el sanchismo si no hay quien los detenga.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, y ateniéndonos a uno de los puntos a los que se refiere la nueva Ley o proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, cuando se hace alusión a algo que nos parece increíble y que nos da la verdadera dimensión de cuales son las intenciones totalitarias de estos señores que actualmente ostentan el poder en España. Se trata de que, según dispone esta ley, “los documentos” manejados durante el estado de crisis “quedan excluidos del derecho de acceso a la información pública”. 

Es obvio que el Gobierno, que ha estado chalaneando durante toda la crisis con la compra de mascarillas, las devoluciones y todo el merchandising del que los amiguetes del partido han sacado pingües beneficios y, no es difícil pensar, que alguien del entorno gubernamental, también haya tenido su recompensa. Del Ejército ni hablar, ni se le espera ni se le reconoce a no ser como una ONG más. 

Es decir que Vd. al que le podrán embargar, privar temporalmente del uso de sus bienes o incluso exigirle que colabore, y no sabemos si además tendrá que participar económicamente, no tendrá derecho a saber cómo se gasta el dinero de sus impuestos ni sabrá si alguien, con cara dura los utiliza para enriquecerse personalmente. ¡Un prodigio de transparencia de la gestión pública! 

Y aquí la frase del día, hoy debida a Cayo Julio César: “Nada es más fácil que censurar a los muertos”