La inopia separatista prostituye conceptos como: democracia, legalidad o nacionalidad

La cuota de incoherencias, quejas absurdas, peticiones insostenibles y demandas ilegales han convertido al separatismo catalán y vasco en una especie de pesadilla que no remite y que, gracias a que quienes nos están gobernando no se encuentran en condiciones de imponer el cumplimiento de las leyes, cuando no, para desgracia de todos los españoles, han sido los primeros en intentar ignorarlas o puentearlas, con el fin poco ético de arrimar el ascua a su sardina, cuando les ha interesado hacerlo con fines no siempre legítimos y sí, como ha ocurrido en la mayoría de ocasiones, para anteponer los intereses partidistas de socialistas y comunistas, a los del pueblo español.

El rasgarse las vestiduras, el clamar al Cielo o el convertirse en victimistas de lo que consideran la opresión estatal cuando, precisamente, se encuentran en unos momentos en los que sus propias disensiones internas, su dispersión ideológica, sus desencuentros motivados por las cuotas de poder que no saben como repartirse, o la percepción, indudablemente descorazonadora, de que la juventud catalana cada día parece desentenderse más de este sentimiento nacionalista, que artificialmente los más radicales han intentado mantener vivo durante los últimos años y que, finalmente, la propia inercia y pesadez de pretender imponer, a la fuerza, lo que es una lengua minoritaria por encima de un idioma, como es el castellano, de infinitas posibilidades culturales, económicas, sociales, conocido por su gran divulgación geográfica y por la inmensa multitud de obras, novelas, estudios científicos y variedades idiomáticas, lo han convertido en uno de los idiomas más usados y hablados en todo el mundo.

No somos, precisamente partidarios del actual gobierno que tenemos en España. Es más, le estamos combatiendo desde que, prácticamente, se impuso al señor Rajoy; sin embargo, en esta particular ocasión lo tenemos que apoyar, ante esta absurda reacción de aquellos que no tuvieron inconveniente de enfrentarse de forma revolucionaria a la Constitución española, en contra de la unidad de la nación y, como representantes elegidos de acuerdo con las leyes patrias; intentaron y, de hecho, formularon una ruptura de Cataluña con la nación española que, luego quisieron disimular para evitar las consecuencias que aquel acto de rebelión les iban a producir. Los que fueron imputados por tales actos de ilegalidad, fueron condenados, ingresados en las cárceles y cumplieron una parte de su condena, hasta que, el gobierno del señor Sánchez, saltándose la opinión mayoritaria de los españoles, actuando al dictado de lo que les exigían los separatistas para que apoyaran a su gobierno en  el Parlamento nacional y desoyendo el informe preceptivo del TS, del que no hizo caso como tampoco lo hizo del resto de organismos a los que consultó, todos contrarios al indulto de los presos catalanes que habían atentado en contra de la unidad del país, acabó, pese a que tampoco mostraron arrepentimiento alguno y se mantuvieron en su idea de que aquella actuación había sido legal, según su concepto particular de lo que significaba la democracia.

No quiero entrar en cuestiones de tipo legal, ni tampoco en los medios de los que tiene derecho un Estado para defenderse de aquellos que intentan, de una manera subrepticia, vulnerando sus leyes y su Constitución, saliendo, posteriormente, a las calles para intentar forzar la renuncia del Gobierno a seguir considerando Cataluña como una parte más de la nación española y convocándose, en la misma Generalitat, un acto claramente ilegal de irresponsabilidad nacional, en el que se renegó de la patria y se intentó un golpe de Estado. Simplemente, basta una comparación elemental de lo que sucede en España con cualquier elemento que intente cometer un robo, un asesinato, un fraude o cualquier otro delito del que se tenga noticia, de aquel que los servicios de inteligencia de la Policía Nacional o la guardia Civil disponen para evitar, por ejemplo, atentados terroristas, motines callejeros con daños a personas o elementos urbanos, ataques a bancos o entidades públicas, a la seguridad de los españoles en las calles y en sus propios domicilios. ¿La información que tienen las fuerzas del orden público se puede considerar como un espionaje ilegítimo? Se me podrá argumentar que los jueces deben autorizar según que actuaciones, pero la realidad es que cuando se le presentan al juez los resultados de una investigación que justifique una actuación determinada la investigación ya se ha estado preparando durante años, en muchas ocasiones.

Lo que sucede es que estos señores, que ahora se sienten ofendidos, discriminados, perjudicados por unas investigaciones de lo que ha sido su conducta, en muchos casos ilegal, después de que salieron de las cárceles, al ser indultados; han estado manifestando que nunca han reconocido las leyes del Estado. No las reconocieron cuando el TS los condenó, ni posteriormente, ante los tribunales europeos consideraron que se les podían aplicar. Ahora, cuando ven la posibilidad de sacar ventaja de la legislación española, no tienen el más mínimo rubor de intentar hacerlo, aunque ello suponga abjurar de sus posturas anteriores. ¿Cómo se va a enterar la justicia española, de la clase de actividades que han venido realizando, de sus encuentros entre ellos, de sus posibles manipulaciones, enredos y maquinaciones, si no se los tiene bajo vigilancia? El indulto no significa inmunidad para sus actuaciones posteriores, es más, ellos mismos ya avisaron que no iban a cambiar de parecer respecto a su objetivo de conseguir una Cataluña independiente.

Menos demostraciones, señor Aragonés y más medir sus palabras, respecto a lo que deben ser las actuaciones del Gobierno con relación a sus intentos continuados de faltar a la legalidad, de su trato discriminatorio, mal educado y evidentemente merecedor de reprobación, hacia la figura del jefe del Estado español. Otro gobierno, de un partido de centro derecha o de derecha, que ahora pudiera volver a gobernar en España, lo primero que debiera hacer es acabar de una vez con una situación que, en cualquier otra nación de Europa, sería considera como inadmisible, insostenible y merecedora de una intervención de la Justicia para poner remedio a un tipo de actuación ciudadana que atentase en contra de la unidad de una nación como la española.

España, señores, no puede seguir indefinidamente condicionada por estos grupos minoritarios separatistas que se han convertido en un mal endémico, que vienen condicionando, de una manera muy especial, a la actual sociedad catalana, sujeta a dos de los impedimentos que peor puedan afectar a una economía de mercado y a las posibilidades de mejora de la vida de todos los catalanes: el comunismo bolchevique de la alcaldesa de Barcelona, un ejemplo de lo que puede llegar a representar el tener a una señora incapaz de entender lo que precisa una metrópoli como la catalana y, por otra parte, un gobierno de la Generalitat, integrado mayoritariamente por elementos separatistas y de izquierdas, lo que acaba de formar el gran pastel consistente en tener, una parte importante de España, Cataluña y el País Vasco, supeditada a una constante presión llevada a cabo por dos nacionalismos para los cuales España es el enemigo a batir.

De una vez para siempre se ha de impedir darles más juego a estos señores que pensaron que, como los de la ETA, asesinando, torturando o destruyendo iban a conseguir destruir el Estado de Derecho en la nación española. Ahora, precisamente, ha sido la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo la que ha tumbado una enmienda a un informe de la comisión, en el que se pedía “que se agoten todas las posibilidades interpretativas del Derecho Penal para que los asesinatos de la banda terrorista ( RTA) puedan ser juzgados de crímenes contra la humanidad, incluso los cometidos antes del 2004” de esta manera se impide que los crímenes de ETA anteriores al 2004 queden impunes o prescriban. Las izquierdas, los de Bildu y todos aquellos que comulguen con el terrorismo latente que continúa existiendo en España, pueden empezar a tomar nota de lo que les va a pasar si se empeñan en seguir golpeando el aguijón de la Justicia europea.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, todos aquellos que hemos defendido que los crímenes injustificables de la ETA de los primeros años de intentos de conseguir asustar a los españoles mediante asesinatos de personas inocentes, no podían dejarse al olvido, lo mismo que la tramitación de los más de 300 casos que quedaban todavía por juzgar, cuando había familias enteras pidiendo que se aplicase la Justicia. No habrá prescripción ni perdón ni sobreseimientos interesados y, mucho menos, no debería permitirse que, a estos criminales que Marlaska envía al país vasco como premio a apoyar al ejecutivo de Sánchez, se les rindan homenajes como si, en lugar de asesinos sin arrepentir, se tratasen de héroes nacionales.