No es que estemos en un país ingobernable a causa de que el gobierno no disponga de apoyos suficientes, tampoco debido a que la oposición no se muestre dispuesta a colaborar ni que la ciudadanía se manifieste belicosa, intratable, demasiado exigente o que acuda con excesiva frecuencia a la protesta callejera. No, no señores, estamos ante un caso de que, dentro del mismo ejecutivo no hay nadie que se trague, que se soporte o que se preste a colaborar, salvo en lo imprescindible, lo estrictamente necesario, para mantener una coalición de izquierdas que se ve que está haciendo aguas por los cuatro costados. El presidente del gobierno, señor Pedro Sánchez, se ve obligado a hacer equilibrios para contentar a separatistas catalanes y vascos; para contener las peticiones de las distintas facciones comunistas que están, a cara de perro, formando parte de su gobierno y, a la vez, y para él seguramente lo más importante, el mantenerse en el machito, léase poder, durante el mayor tiempo posible, aquel que le permita alcanzar los objetivos que tiene previstos para cuando deba ceder el gobierno a la oposición.
Esta situación insostenible, pero que se viene manteniendo milagrosamente a través del tiempo, está creando lo que se podría calificar, por una parte, de unas falsas expectativas basadas en las declaraciones de los distintos ministros que pintan una España utópica, en recuperación, sin presentar síntomas de crisis ni estar atemorizada por los anuncios que nos llegan desde todos los organismo económicos y financieros de la UE y el BC que, si uno escucha a la señora Calviño, no son más que opiniones y agüeros de pesimistas que, según ella, no van a afectar a nuestra nación y, por otro lado, el anuncio imperativo, sostenido y, por desgracia, realista de que se nos está engañando y que se nos vende, por parte de los políticos gubernamentales, una situación que, lejos de corresponderse con la realidad, lo que esconde es un intento de supervivencia, de prolongarse en el poder, cueste lo que cueste y sean cuales fueren las consecuencias para España y sus ciudadanos, de ocultar una verdad económica, financiera y social que no tiene otro resultado final, si no se le pone remedio a tiempo, que la ruina total de nuestra nación.
Y en este estado de cosas, tenemos la dura evidencia de que, en Cataluña, como si no hubiera pasado nada, con todos aquellos personajes que fueron los que intentaron la revolución separatista, circulando por la calle sin que, ninguno de ellos, haya renunciado a sus objetivos de conseguir una Cataluña independiente.El gobierno de la Generalitat, atribuyéndose facultades de las que carece y abusando de un gobierno central completamente ineficiente, desoyendo el informe de los letrados, dictó un decreto mediante el cual pretende suspender, nada menos, que un precepto constitucional que afecta por igual a todos los españoles y que está enunciado con una claridad que no precisa de interpretación alguna: todos los españoles tienen el deber y el derecho de hablar la lengua oficial del Estado, el castellano. La sentencia del TSJC fue clara y contundente, a la vez que no admitía dilación alguna en la aplicación de un 25 % mínimo de enseñanza en la lengua oficial de Estado en toda Cataluña.
Pero sucede que en Cataluña ocurre lo que es impensable en cualquier otra nación civilizada, dónde impere el Estado de Derecho. Con una tolerancia rayana con la prevaricación el Gobierno del Estado permite que en esta levantisca región catalana se incumplan las leyes y las sentencias de los tribunales españoles, con una permisividad que es inconcebible, si no se contemplara la situación política del señor Sánchez y sus acólitos, que les impide actuar según derecho debido a que ello les supondría perder la mayoría en la que se viene apoyando su gobierno en la nación española.
Cuando escuchamos a nuestro presidente pedir cuentas de lealtad a la oposición, pensamos en la falta de autoridad moral de este señor que pide, al resto de formaciones de la oposición, que apoyen una conducta basada en ilegalidades, graves negligencias, leyes y normas dictadas que han sido declaradas inconstitucionales por el TC y, todo ello ,con la cara dura, de cemento armado, de aquel al que le importa poco mentir, insultar, calumniar u ofender si, con ello, puede conseguir engañar a aquella parte de la ciudadanía que siempre está dispuesta a confiar en sus gobernantes. Pero lo que esta sucediendo en una Cataluña sobrada, convencida de que Sánchez no le va a fallar y decidida a sacar el mayor provecho de ello ( escuchar al impresentable Rufián y sus absurdos parlamentos, en el Congreso, requiere de una paciencia y capacidad de escuchar barbaridades e incoherencias que supera la que las personas normales suelen tener), es algo inconcebible en cualquier nación de occidente.
Leer en la panfletaria La Vanguardia, en grandes titulares decir que: “El TSJC ve imposible ejecutar el 25% del castellano en las aulas” y, sin atender a la perentoriedad de la resolución de dicho tribunal, pedirle que “se vaya al TC”. ¿Para qué, para ganar tiempo? ¿Todo vale y cualquier chiquilicuatre independentista puede dictar normas en contra de la Constitución española que obliguen a los altos tribunales de Justicia a tener que consultar sobre un tema que no tiene discusión alguna? El que no quiera entender a los catalanes separatistas es que no tiene ni idea de lo que se están proponiendo y, con la agravante, de que es el mismo presidente del gobierno español el que les permite que sigan con sus actos de evidente sentido secesionista. No acatan las sentencias de los tribunales, no cumplen la legislación española, se pasan por el arco del triunfo cualquier reconvención del TS y del TC y, todavía, piden la amnistía para aquellos que desde la Generalitat intentaron declarar la independencia de la nación catalana.
Cero conversaciones paritarias; cero financiaciones especiales; cero tolerancias respecto a la enseñanza en el idioma castellano; cero insultos, descalificaciones y demás provocaciones por parte de la minoría catalana; cero inversiones en Cataluña si no hay la constancia y evidencia de que estas inversiones se hacen en una parte del territorio español y para que se disfruten por todos los españoles que puedan residir en dicho territorio. Ha llegado el momento en el que, el resto de España, no puede seguir al albur de que, desde una de las autonomías se pretenda amargar al resto de toda la nación. Nos estamos jugando el porvenir de muchos millones de españoles y, algunos de ellos. viven en Cataluña y tienen el derecho a que, desde el gobierno de la nación, se defiendan sus derechos civiles sin que tengan la necesidad ineludible de tener que acudir a los tribunales para que les concedan derechos que les otorga la Constitución española de 1978.
Estamos, lo queramos admitir o no, en unos momentos de gran dificultad. Hay una guerra en Ucrania de consecuencias imprevisibles, hay una crisis energética, una inflación galopante, peligro de estanflación, la compra se va encareciendo exponencialmente y es posible que llegado el otoño tengamos escasez de combustibles para la calefacción y, mientras tanto estamos tolerando los jueguecitos interesados de una Cataluña que lo único de lo que se preocupa es de comparase con Madrid, en uno de estos cerriles intentos de intentar menospreciar lo madrileño para ensalzar lo catalán, una de estas prácticas propias de niños mimados, que ignoran caprichosamente los méritos de unos para olvidarse de sus propias carencias.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, nos maravillamos de que sea tan difícil que nos entendamos, en este país, unos ciudadanos con los otros. Sin embargo, es evidente que existen grupos, personas obtusas, fanáticos intolerantes que hacen de su singularidad regional bandera para seguir menospreciando lo ajeno y sobrevalorando lo propio, como es el caso de los catalanes con su idioma que apenas hablan siete millones de personas, sin comparación alguna con la gran extensión de la lengua castellana, a lo largo y ancho del planeta.
Y, para finalizar, una frase de Lenin : “No pintéis el nacionalismo de rojo”
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