|
La igualdad legal es o debiera ser un hecho normal en toda sociedad bien organizada. También lo sería la desigualdad material, porque es propia de las circunstancias personales. Mas, en un panorama social de igualdad legal, la excepcionalidad no debería tener cabida en ninguna situación. Sin embargo, por unos u otros motivos, la manipulación a la igualdad legal permanece al acecho. Esto sucede cuando la política se lanza abiertamente a la tarea de reforzar su papel, mejorar la imagen de sus profesionales e incrementar la clientela. En estos casos emergen el privilegio y la desigualdad, dejando una mala imagen de la legalidad. De ahí que el principio constitucional de la igualdad ante la ley pueda cuestionarse, porque ya no todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Para obviarlo en lo posible, y no sacar a la luz la antinomia, se usan argumentos de todo tipo, tratando de dar cobertura a estas situaciones excepcionales, procurando dejar a flote el ambiente de igualdad legal. A pesar del esfuerzo jurídico, queda claro que, observando casos concretos, la igualdad legal no es tan igual como se dice.
Históricamente los igualadores, recurriendo a la utopía, han trabajado en la dirección de hacer de la igualdad una especie de rasero común para tratar de obviar las diferencias naturales, uniformando a todos, utilizando a tal fin la antítesis de la igualdad que es el privilegio, establecido desde una errónea interpretación de la igualdad legal, porque esta no conoce de diferencias. Mas tal labor, esgrimida en términos de progreso social, resulta ser pura falacia manejada por grupos de intereses varios, y es incapaz de superar la desigualdad material, construyendo en esos casos un igualdad legal desde el privilegio. Por otro lado, tarea inútil porque la igualdad legal afecta a todos, se basta ella misma para cumplir su fin sin que precise de complemento alguno. En otras ocasiones, al margen de florituras, la igualdad legal es demolida sin contemplaciones, invocando de soslayo la autoridad como elemento de ruptura de la igualdad legal. La cuestión es que el que manda, dice que no puede situarse al mismo nivel de igualdad, incluso legal, del mandado.
Respecto a la primera, invocando el progreso, la política de moda habla de elevar la utopía de la igualdad material a la categoría de igualdad legal, a través del decreto, pero lo realiza estableciendo el privilegio de un determinado grupo, lo que en la práctica no hace sino perjudicarla. De manera que para corregir la supuesta desigualdad material del colectivo que se siente desfavorecido se le eleva sobre lo común y se pasa a privilegiarlo legalmente. El objetivo político no es solamente tener argumentos para darse bombo progresista, sino algo más cercano, efectivo y real, se trata de ganarse el voto agradecido de los privilegiados, que antes se consideraban desigualados y después poco menos que adorados. Combatir la desigualdad material estableciendo privilegios se queda en un acto propagandístico dirigido a la pretensión inútil de extender de principio de igualdad legal al terreno de la igualdad material. Parece ser que hay dudas de que con la igualdad legal la mejora personal es posible, sin necesidad de aditamento alguno, por eso la política se entromete en el terreno de la individualidad y se dedica a vender limosnas, pretendiendo crear la apariencia de que todos los ciudadanos son iguales. Con tales prácticas, la igualdad legal queda claramente tocada.
En el segundo caso, la igualdad legal se sitúa a nivel del suelo. Establecer una doble vara de medir; una, para el ciudadano de a pie y, otra, para la elite, no solamente cuestiona la igualdad, sino que la hace añicos. Y a la vista está, en los medios de difusión, donde se puede apreciar que los elevados sobre el nivel del rasero común en virtud de la lotería del voto teledirigido y similares, aferrados al poder, vienen a decir por sus actos, que el cumplimiento de las leyes es para las masas gobernadas, nunca para sus dirigentes y demás asociados. Para hacerlo efectivo en el terreno real se blindan con todo un arsenal de instrumentos jurídicos de protección, hechos a medida, con los que acaban siendo inmunes a lo que cualquiera dejaría de serlo en similar situación. En este otro caso, más allá de las pamplinas propias de oratoria de mitin, la igualdad legal desaparece de la escena.
| 
