La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) es una entidad pública española que gestiona la asistencia sanitaria y las prestaciones sociales de los funcionarios civiles del Estado. Creada en 1975, MUFACE permite a sus afiliados elegir entre recibir atención sanitaria a través del sistema público de salud o mediante aseguradoras privadas concertadas. Este modelo de mutualismo administrativo ha sido una característica distintiva del sistema sanitario español, ofreciendo a los funcionarios una alternativa al régimen general de la Seguridad Social.
Imagen de Ricardo Rubio - Europa Press
Recientemente, el Ministerio de Sanidad ha propuesto la eliminación de MUFACE, argumentando que el modelo actual es insostenible y que la integración de los funcionarios en el sistema público de salud mejoraría la eficiencia y equidad del sistema sanitario. Según informes del Ministerio, se plantea que, a partir del 1 de enero de 2025, en un plazo de nueve meses, aproximadamente más de un millón y medio de funcionarios que actualmente reciben asistencia privada sean incorporados a la sanidad pública.
Esta propuesta ha generado preocupación entre los funcionarios afectados, quienes temen perder la posibilidad de elegir su modalidad de asistencia sanitaria. Además, sindicatos como CSIF han expresado su oposición a la supresión de MUFACE, solicitando explicaciones al Ministerio de Función Pública y al de Sanidad, y exigiendo una nueva licitación para el concierto con aseguradoras, conforme a compromisos previos del Gobierno. Advierten que, de no recibir una respuesta adecuada, llevarán a cabo manifestaciones, paros o incluso una huelga en la función pública.
La diferencia fundamental entre MUFACE y la Seguridad Social radica en la posibilidad de elección que ofrece la mutualidad. Mientras que la Seguridad Social es el sistema general que cubre a la mayoría de la población española, gestionado de manera centralizada, MUFACE permite a los funcionarios optar por recibir asistencia sanitaria a través del sistema público o mediante aseguradoras privadas concertadas. Esta flexibilidad ha sido valorada por muchos funcionarios, quienes consideran que les brinda un mayor control sobre su atención sanitaria.
La propuesta de supresión de MUFACE también ha generado mucha preocupación en las comunidades autónomas, que tendrían que asumir la atención sanitaria de un número significativo de nuevos pacientes.
Por otro lado, las aseguradoras privadas que actualmente colaboran con MUFACE, como Adeslas, Asisa y DKV, han decidido no presentarse a la licitación del concierto para prestar asistencia sanitaria en el ámbito de MUFACE para los años 2025-2026. Estas compañías argumentan que la financiación propuesta por el Gobierno es insuficiente para cubrir los costos de la atención sanitaria, lo que ha llevado a la situación actual de incertidumbre sobre el futuro de la mutualidad.
En conclusión, la posible supresión de MUFACE representa un cambio significativo en el modelo de asistencia sanitaria para los funcionarios públicos en España. La integración de estos funcionarios en el sistema público de salud podría tener implicaciones tanto para los propios funcionarios, que perderían la posibilidad de elegir su modalidad de asistencia sanitaria, como para el sistema sanitario público, que tendría que absorber a un número considerable de nuevos pacientes. La decisión final sobre el futuro de MUFACE aún está por determinarse, y será fundamental considerar las opiniones de todas las partes involucradas para garantizar una transición que beneficie tanto a los funcionarios como al sistema sanitario español en su conjunto.
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