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El 81% de los consumidores se considera vulnerable en el ámbito de la alimentación

Según se desprende del III Barómetro de ASESCON a través del cual se trata de obtener la percepción de los ciudadanos sobre diferentes temas relacionados con este ámbito del consumo
Redacción
martes, 11 de marzo de 2025, 10:54 h (CET)

La Asociación Española de Consumidores ha presentado los datos de su III Barómetro de Alimentación y Consumo de la organización a través del cual se trata de obtener la percepción de los consumidores sobre diferentes temas relacionados con este ámbito del consumo.


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Así, se han analizado diversas cuestiones como los hábitos de compra de los consumidores, el precio de los alimentos, el grado de conocimiento de sus derechos, las preferencias de compra, entre otros.


Los primeros datos de la encuesta van enfocados a la consideración de los consumidores como vulnerables. El 81% considera que sí lo es, siendo el principal motivo el nivel de renta (87%)

Esto ha implicado cambios para el 90% de los consumidores en cuanto a sus hábitos de compra, siendo la reducción del gasto en alimentación la opción más elegida por los consumidores, seguida de una mayor búsqueda de las ofertas.


Respecto a esas ofertas, son recibidas en un 67% por los consumidores a través de la visita al propio establecimiento. La publicidad a través de los medios de comunicación ocupa el segundo lugar con un 20%, seguido de internet y aplicaciones móviles (13%).


En cuanto al canal de compra, el 71% lo hace presencialmente frente a un 29% que ya hace sus compras solo online. Así, se prefieren los supermercados e hipermercados (76%) frente al pequeño comercio (24%).


También se ha analizado en el Barómetro la percepción de los consumidores en cuanto al precio de los productos. El 98% considera que es caro y, además, el 98% de los encuestados considera que no deberían haberse eliminado las medidas para paliar los efectos de la crisis de precios en la alimentación.


Otro dato importante es que solo el 20% compra productos ecológicos como forma más natural o sana de alimentarse. En cambio, el 80% no los compra por el elevado precio que presentan.


El precio es actualmente el factor más importante para el consumidor para realizar la compra en un establecimiento o en otro (83%). Se prima esta variable frente a la calidad (17%).


Un dato muy negativo de la encuesta realizada a los consumidores es que sólo un 48% ha reclamado si ha tenido algún tipo de problema de Consumo. Hay un 52% por tanto que a pesar de considerar que se han vulnerado sus derechos no ha realizado ningún tipo de queja o reclamación.


En cuanto a la información de un producto, sólo un 20% lee siempre la etiqueta. Se trata, por tanto, de un dato tremendamente negativo.


Del etiquetado lo que más se tiene en cuenta es la composición y los ingredientes del producto (45%), la cantidad (31%) y la fecha de caducidad o consumo preferente (20%) y un 4% se fija en otras cuestiones.


A pesar de que el 95% de los consumidores consideran que la alimentación influye en la salud, sólo un 44% de ellos considera que lleva una alimentación saludable, sobre todo, por el precio de los alimentos más sanos (62%) y por la falta de tiempo (35%).


Finalmente, se ha preguntado si se considera que las Administraciones Públicas apuestan debidamente por la defensa de los derechos de los consumidores en el ámbito de la alimentación y un 90% de los ciudadanos consideran que no se hace adecuadamente, considerando la inmensa mayoría de ellos, el 98%, que deberían existir políticas específicas realizadas conjuntamente con las Asociaciones de Consumidores.

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La decisión del Ministerio de Consumo de prohibir la venta de bebidas azucaradas, bebidas energéticas y bollería industrial en colegios e institutos supone un avance en la lucha contra la obesidad infantil, una problemática que afecta a más del 40% de los niños en España, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A partir del 2 de abril de 2025, todos los ciudadanos españoles y de otros países de la Unión Europea que deseen viajar al Reino Unido por turismo, negocios o visitas familiares deberán obtener una Autorización Electrónica de Viaje (ETA). Esta medida, que tiene un coste de 12 euros y ya se aplicaba a otras nacionalidades, se extiende ahora a los europeos, siguiendo un esfuerzo continuo por parte del Reino Unido para digitalizar y asegurar sus fronteras.

 
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