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Puede que sea la falta de tiempo que padecemos una de las razones por las que los lectores interesados en los hechos del pasado, decidan recurrir a la novela histórica como primer acercamiento a un determinado personaje o periodo.
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Comparto la repugnancia que muchos sienten hacia la llamada "caza
deportiva"; el sacrificio absurdo de un animal noble en aras de un
extraño atavismo que se me antoja más próximo a un vicio que a un
instinto; porque si se tratara de los segundo, todos los miembros de la
especie humana lo compartiríamos, y no es así.
Hay dos actitudes posibles ante un fenómeno antiguo, utilizado
sabiamente por los gobernantes para disipar las discrepancias, los
conatos de crítica y, por supuesto, todo lo que suene a insumisión
civil. Me refiero al “pan y circo” trocado, desde hace unas siete
décadas, en “pan y fútbol”.
Algo no debe de convencer del PP, de sus hormigas atómicas (cuento, por
lo menos, tres) y de algunos de sus sesudos varones (también, “barones”)
que andan por Seúl tratando de que Obama les dé una palmadita en la
espalda.
Parece que el gobierno de los “cien años de honradez” va a dejar su
feudo andaluz en menos de cuatro días. Se dice pronto, pero han sido
treinta y dos años de dominio socialista en los que los “brotes verdes”
de la corrupción han tenido tiempo de crear tupidas forestas.
Entre ruidos de platos y vasos transcurrió nuestra charla, y sólo me di
cuenta de la cacofonía al ir a transcribirla. Las fotos salieron muy
aceptables –sin reflejos inoportunos- aunque hubo una presencia, de la
que les hablaré al final, que me inquietó durante casi un cuarto de
hora…
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La decisión del juez José Castro de dejar al margen a la Infanta Cristina del caso penal que se sigue contra su marido, Iñaki Urdangarín,
no sólo no es arbitraria, sino que reafirma algo que una parte de la
sociedad española parece haber olvidado: la presunción de inocencia.
La diferencia –y digo “la diferencia” y no “una de las diferencias”-
entre el Estado de derecho y el Estado totalitario es el modo en que el
Poder utiliza a las fuerzas de orden público. En el primer caso, el
empleo de la fuerza se limita al máximo.
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