Los letrados del Congreso obvian el criterio de Fiscalía y rechazan investigar al emérito por su inviolabilidad «absoluta», en contra la propuesta avalada por Unidas Podemos y otros grupos.

La pandemia proviene de la avaricia y no saldremos de la primera si no arrasamos la última. No me parece que su gobierno sea muy sensible a esta afirmación.

Recuerdo cuando, en mis años mozos, un hombre estaba sujeto a las faldas de su mujer, se dejaba dominar por ella, soportaba imperturbable sus exabruptos, sufría que le pusiera a parir ante de otras personas y se plegaba humillado a su voluntad, se le aplicaba el calificativo de “calzonazos”.

Lamentablemente, la tiranía de Edi Rama ha dañado los estándares democráticos, manchado la libertad de expresión y deteriorado las reformas judiciales financiadas por la Comisión Europea y el Departamento de Estado de EE.UU.Todos los socios internacionales de Albania deben entender que la Ministra de Justicia, Etilda Gjonaj bajo las ordenes de Edi Rama, ha cometido delitos penales graves en materia de abuso de funciones (obligaciones constitucionales violadas), ejerció una influencia ilegal, cometió una falsificación flagrante con la publicación ilegal en la Gaceta Oficial de una decisión de un órgano independiente como la del Consejo de Nombramientos Judiciales (KED).En este intento de golpe de estado, basado en la evidencia oficial hecha pública el 20 de febrero, que se presentó al Fiscal Especial Anti-corrupción (SPAK), es cierto que la Ministra de Justicia, Sra.

Hermanos: en nuestra Constitución existe un derecho y libertad fundamental que se llama el Derecho de Reunión, y que es uno de los pilares básicos en el que se asienta el Estado social y democrático de Derecho. Es tan importante que incluso se ha desarrollado una ley orgánica para que podamos ejercer el derecho con garantías.

El artículo 56 de la Constitución española indica que el rey es el jefe del Estado y que su título es el de rey de España y, además «podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona».

Mucho nos tememos que, como ya sucedió en los tiempos de Mariano Rajoy y su vicepresidenta, Sáez de Santamaría, los nuevos ocupantes de la Moncloa, por mucho que actúen como si tuvieran dominado el problema, por ser tan ególatras que piensan que están siempre en posesión de la verdad y por muy convencidos que estén de ser los más listos en este juego del gato y el ratón con los soberanistas catalanes.

El abrazo entre los dos políticos del momento, Sánchez e Iglesias, me ha hecho recordar otro célebre abrazo, el de Vergara, entre el general isabelino Espartero y el general carlista Maroto en agosto de 1839, que puso fin a la primera guerra carlista.

En Chile, los legisladores han acordado un plan para volver a redactar la Constitución nacional, satisfaciendo una demanda clave de los manifestantes.

Desde 1833 han estado vigentes las provincias españolas que fijó el granadino, de Motril, Javier de Burgos en tiempos de Cea Bermúdez, sin que hubiera ninguna urgencia en modificarlas. Todos los niños aprendimos, de memoria, las provincias de cada región: Galicia, Asturias, León, Castilla la vieja, Castilla la Nueva, Andalucía, Cataluña, Extremadura, Murcia, Navarra, Valencia, Vascongadas, Baleares y Canarias.

Ambos tribunales estarían controlados por los jueces integrantes del llamado “clan de los políticos” en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo, descollando la Presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, condecorada en su día por la Presidenta del PP de Castilla la Mancha, María Dolores de Cospedal y recusada sin éxito por las defensas de los chavales de Altsasu.La Audiencia Nacional y los chavales de AltsasuDicha Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó en su día a los jóvenes de Altsasu a penas que oscilaban entre los 2 y los 13 años por un delito de odio y lesiones tras un altercado con dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas que derivó en un parte médico de “lesiones menores” y que en su día fue calificado por el Coronel Jefe de la Guardia Civil de Navarra como “delitos de odio”, por lo que la sentencia de la Audiencia Nacional sería según fuentes judiciales “un auténtico dislate jurídico”,lo que provocó una inmediata reacción de repulsa popular e institucional.Descartado finalmente el “delito de terrorismo” solicitado en primera instancia por el Fiscal José Perals, la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional resuelve mantener la condena fijada por la Sección Primera de dicho Tribunal a los 7 jóvenes de Alsasua ( penas que oscilaban de los 2 a los 13 años de prisión) tras serles aplicado el agravante de “discriminación ideológica”, lo que según fuentes jurídicas “podría indicar el camino a seguir en casos de ataques a juristas o políticos en Cataluña”.La sentencia final del Supremo contra los chavales de Altsasu sería la radiografía de la “perfección negativa” del Estado Español, término empleado por el novelista Martín Amis para designar “la obscena justificación del uso de la crueldad extrema, masiva y premeditada por un supuesto Estado ideal”.Así, el Tribunal Supremo tras descartar la discriminación ideológica y obviar el principio “In dubio pro reo” , rebajó las condenas a penas que oscilan entre 1 y 9 años, lo que en la práctica significa la instauración legal de la llamada Doctrina Azar, consistente en ”criminalizar a grupos y entidades díscolos y refractarios al mensaje del establishment dominante del Estado español”.En consecuencia, el caso Altsasu seguirá su recorrido mediante el recurso al Tribunal Constitucional y terminará indefectiblemente en el Tribunal Europeo de Estrasburgo quien volverá a dar un tirón de orejas a la Justicia española pero que no impedirá que para entonces los chavales de Altsasu se hayan dejado en prisión sueños y jirones de libertad, pues según Oscar Wilde “para el que está en la cárcel, las lágrimas son parte de la experiencia de cada día.

Desde que fue aprobada la Constitución de 1978 creí que su título I, capítulo II, sobre los derechos y deberes fundamentales de los españoles era cierto, nos convertía en un país democrático y nos ponía a salvo de la persecución y la arbitrariedad, pero pasados cuarenta años (siempre el fatídico período de cuarenta años) compruebo con tristeza que no es verdad.

Queridas personas, historiadoras reconocidas (unidas todas en mi corazón y estima): acabo de oír por la radio una entrevista a un tal José Luis Villacañas, poniendo a parir a las historiadora malagueña (El Borge), María Elvia Roca Barea, catedrática de Instituto, y a su libro "Imperiofobia y Leyenda negra", ed. Siruela.

Según el Diccionario del español jurídico la investidura es el acto por el que una autoridad o funcionario público recibe la titularidad de un órgano y puede ejercer en lo sucesivo las facultades y atribuciones que el ordenamiento jurídico asigna al órgano mismo.

La constitución es la ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política.

Sucede periódicamente. Cada vez que se ejecuta a alguien en las cárceles de los Estados Unidos principalmente, así como en Arabia Saudita, China, Egipto o Corea del Norte, los medios llevan la noticia a primera plana y en las Redes de Internet alcanzan el trending topic como tendencia informativa que se instala en la cumbre de lo que es noticia en un momento determinado.

En su libro ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución? publicado en 1931 expone sus análisis y reflexiones sobre la garantía del orden constitucional con consideraciones jurídicas y políticas muy profundas y argumentadas. En el pensamiento filosófico y político de Kelsen que es muy original están presentes las influencias de Kant, Hume, Bentham, Austin y Bobbio, pero como sustrato sobre el que construye su propia teoría política.

La promulgación de la Constitución española el 27 de diciembre de 1978 constituye al Estado español en Monarquía parlamentaria, dejando atrás la dictadura.

La Constitución española de 1978 atribuye al rey el «conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes», según indica el artículo 62 f. En consecuencia, la facultad de otorgamiento es ejercida por el rey que se materializa a través de la Real Carta. El consentimiento surte efecto tras la publicación del Real Decreto de concesión en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Naturaleza nos brinda tres plantas que coinciden en su crecimiento y en el mismo lapsus de tiempo siendo sus colores, el rojo de la amapola, el amarillo del trigo y la flor de la malva, esa espontaneidad de colores son la bandera de aquellos que murieron y de los que vivimos deseando una España justa en la forma de Estado