Ambos tribunales estarían controlados por los jueces integrantes del llamado “clan de los políticos” en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo, descollando la Presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, condecorada en su día por la Presidenta del PP de Castilla la Mancha, María Dolores de Cospedal y recusada sin éxito por las defensas de los chavales de Altsasu.La Audiencia Nacional y los chavales de AltsasuDicha Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó en su día a los jóvenes de Altsasu a penas que oscilaban entre los 2 y los 13 años por un delito de odio y lesiones tras un altercado con dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas que derivó en un parte médico de “lesiones menores” y que en su día fue calificado por el Coronel Jefe de la Guardia Civil de Navarra como “delitos de odio”, por lo que la sentencia de la Audiencia Nacional sería según fuentes judiciales “un auténtico dislate jurídico”,lo que provocó una inmediata reacción de repulsa popular e institucional.Descartado finalmente el “delito de terrorismo” solicitado en primera instancia por el Fiscal José Perals, la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional resuelve mantener la condena fijada por la Sección Primera de dicho Tribunal a los 7 jóvenes de Alsasua ( penas que oscilaban de los 2 a los 13 años de prisión) tras serles aplicado el agravante de “discriminación ideológica”, lo que según fuentes jurídicas “podría indicar el camino a seguir en casos de ataques a juristas o políticos en Cataluña”.La sentencia final del Supremo contra los chavales de Altsasu sería la radiografía de la “perfección negativa” del Estado Español, término empleado por el novelista Martín Amis para designar “la obscena justificación del uso de la crueldad extrema, masiva y premeditada por un supuesto Estado ideal”.Así, el Tribunal Supremo tras descartar la discriminación ideológica y obviar el principio “In dubio pro reo” , rebajó las condenas a penas que oscilan entre 1 y 9 años, lo que en la práctica significa la instauración legal de la llamada Doctrina Azar, consistente en ”criminalizar a grupos y entidades díscolos y refractarios al mensaje del establishment dominante del Estado español”.En consecuencia, el caso Altsasu seguirá su recorrido mediante el recurso al Tribunal Constitucional y terminará indefectiblemente en el Tribunal Europeo de Estrasburgo quien volverá a dar un tirón de orejas a la Justicia española pero que no impedirá que para entonces los chavales de Altsasu se hayan dejado en prisión sueños y jirones de libertad, pues según Oscar Wilde “para el que está en la cárcel, las lágrimas son parte de la experiencia de cada día.

Desde que fue aprobada la Constitución de 1978 creí que su título I, capítulo II, sobre los derechos y deberes fundamentales de los españoles era cierto, nos convertía en un país democrático y nos ponía a salvo de la persecución y la arbitrariedad, pero pasados cuarenta años (siempre el fatídico período de cuarenta años) compruebo con tristeza que no es verdad.

Queridas personas, historiadoras reconocidas (unidas todas en mi corazón y estima): acabo de oír por la radio una entrevista a un tal José Luis Villacañas, poniendo a parir a las historiadora malagueña (El Borge), María Elvia Roca Barea, catedrática de Instituto, y a su libro "Imperiofobia y Leyenda negra", ed. Siruela.

Según el Diccionario del español jurídico la investidura es el acto por el que una autoridad o funcionario público recibe la titularidad de un órgano y puede ejercer en lo sucesivo las facultades y atribuciones que el ordenamiento jurídico asigna al órgano mismo.

La constitución es la ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política.

Sucede periódicamente. Cada vez que se ejecuta a alguien en las cárceles de los Estados Unidos principalmente, así como en Arabia Saudita, China, Egipto o Corea del Norte, los medios llevan la noticia a primera plana y en las Redes de Internet alcanzan el trending topic como tendencia informativa que se instala en la cumbre de lo que es noticia en un momento determinado.

En su libro ¿Quién debe ser el defensor de la Constitución? publicado en 1931 expone sus análisis y reflexiones sobre la garantía del orden constitucional con consideraciones jurídicas y políticas muy profundas y argumentadas. En el pensamiento filosófico y político de Kelsen que es muy original están presentes las influencias de Kant, Hume, Bentham, Austin y Bobbio, pero como sustrato sobre el que construye su propia teoría política.

La promulgación de la Constitución española el 27 de diciembre de 1978 constituye al Estado español en Monarquía parlamentaria, dejando atrás la dictadura.

La Constitución española de 1978 atribuye al rey el «conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes», según indica el artículo 62 f. En consecuencia, la facultad de otorgamiento es ejercida por el rey que se materializa a través de la Real Carta. El consentimiento surte efecto tras la publicación del Real Decreto de concesión en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Naturaleza nos brinda tres plantas que coinciden en su crecimiento y en el mismo lapsus de tiempo siendo sus colores, el rojo de la amapola, el amarillo del trigo y la flor de la malva, esa espontaneidad de colores son la bandera de aquellos que murieron y de los que vivimos deseando una España justa en la forma de Estado

Valentía que, con los defectos que pueda tener un hecho histórico llevado al cine, hemos podido comprobar en la película Los 300, cuando el rey espartano Leónidas se enfrentó al rey Persa Jerjes, y heroicamente murió en la batalla.

El pasado 25 de marzo se celebró la asamblea ordinaria de la Diputación de la Grandeza de España y Títulos del Reino en donde se afirmó que «tener un título nobiliario hoy debe suponernos aceptar un conjunto de obligaciones públicas con Su Majestad el Rey, con España y con nuestros conciudadanos», afirmó el decano, el duque de Fernández-Miranda.

Los independentistas catalanes tratan de mantener que la democracia está por encima de la ley lo que resulta absurdo, pues la democracia significa el poder de todo el pueblo frente al sistema aristocrático en los que el poder se ejercía por los que se consideraban o eran reconocidos como “los mejores”, el sistema absolutista del monarca que se consideraba delegado de Dios mismo y reinaba “por la gracia de Dios”, o el sistema dictatorial en el que una persona o un partido concentra todo el poder.