Desde tiempos de Felipe V,  España siempre ha estado intentado mantener callados a los catalanes, y cuando el 1-O más de dos millones de ellos de forma pacífica votaron favorablemente una propuesta de República e independencia, desde Madrid les enviaron la policía española a apalearlos, y a los jueces, la Brigada Aranzadi, para, con unas especiales interpretaciones de la legislación, acallar las voces disidentes del pueblo catalán.

Ermengol, en una de sus ilustraciones críticas, sin texto, solo la imagen que habla por sí misma, expone una gran verdad, a pesar de que los políticos no se atreven a  hablar de ello abiertamente. La ilustración muestra a la Justicia sentada sobre una columna  arrojando al vacío a un juez. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿Qué es la Justicia? Es la acción de Dios que es el Juez justo por excelencia.

Hay muchas maneras de definir “ley”. Y otras tantas, de abordarla. Para la Real Academia Española, existen varias acepciones. Regla constante que rige situaciones o cosas; precepto dictado por autoridad competente; relaciones existentes entre los diversos elementos de un fenómeno, etcétera. Y, coloquialmente, “le tengo ley”, es decir, lealtad y fidelidad (“le tengo fe”).

Algunos de los que ya hace tiempo que peinamos canas estas semanas recordamos aquellas manifestaciones de finales de los años 70 al grito de «llibertat, amnistía i estatut de autonomía». Estábamos saliendo de los siniestros años del franquismo y nos conformábamos con poco. Queríamos una amnistía que liberara de las cárceles a todos aquellos que se habían jugado la libertad y la vida por las libertades comunes.

Los jueces son noticia cuando dictan autos y sentencias, pero hay ocasiones, como hoy con los jueces Marchena y Guilarte, que son noticia ante un atril dando titulares: Estoy en tiempo de silencio que salto por una buena causa. El CGPJ es un bien institucional. Si tocamos el CGPJ, se toca el pacto de convivencia de consecuencias imprevisibles.

Cada vez que en España se habla de solucionar algún conflicto periférico, siempre hacen acto de presencia los “salvadores de la patria” para intentar boicotear las posibles soluciones que las partes en conflicto consideran oportunas para rebajar la tensión y llegar a algún tipo de acuerdo satisfactorio.

La nueva investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno habría encendido todas las alarmas en los despachos del 'establishment' españolista, quienes habrían preparado una trama judicial para retrasar 'in eternis' la entrada en vigor de la Ley de Amnistía e imposibilitar que Puigdemont pueda regresar del exilio belga como ciudadano libre y revestido de todos sus derechos políticos.

“Pedro Sánchez aclaró cualquier duda sobre la cuestión y rechazó taxativamente que los jueces puedan ser llamados a declarar ante las comisiones de investigación abiertas en esta nueva legislatura en el Congreso de Diputados”. A petición de los vocales del CGPJ, se quiere que la reunión que tiene que celebrar el Consejo General sea una “rotunda petición” en contra del “asedio” de jueces y magistrados y de las posibles comparecencias parlamentarias”.

La aplicación por el Gobierno central del recurso sistemático ante el Tribunal Constitucional, basándose en el artículo 161.2 de la vigente Constitución que señala que “el Ejecutivo central podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las CCAA”, ha supuesto “de facto” el vaciar de contenido las competencias legislativas de las Cámara forales de Euskadi y Nafarroa.

Susan W. Tiefenbrun en su tesis “Semiotic Definition of Lawfare” publicada en Case Wester Reserve University, indica que el término 'Lawfare' (en castellano Guerra Judicial) habría surgido de la mezcla de las palabras 'Law' (Ley) y 'Warfare' (Guerra) y sería una expresión cuyo uso se ha generalizado en los medios anglosajones en la primera década de este siglo.

Vivimos tiempos convulsos para la política española. Pasan las semanas y el PP y sus corifeos de la Brunete Mediática, la cúpula judicial de la Brigada Aranzadi y los fieles de la “adoración nocturna” junto con los seguidores del rosario en familia para salvar a España de una muerte y una ruptura anunciada, están mareando la perdiz con la cantinela de “España se rompe” con la intención de alcanzar la presidencia del Gobierno.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó en su día a ocho jóvenes de Altsasu a penas que oscilaban entre los 2 y los 13 años por "un delito de odio y lesiones" tras un altercado con dos miembros de la Guardia Civil y sus parejas que derivó en un parte médico de “lesiones menores” y que en su día fue calificado por el Coronel Jefe de la Guardia Civil de Navarra como “delitos de odio”.

La nueva investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno habría encendido todas las alarmas en los despachos del 'establishment' españolista, formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y 'mass media' del Estado español, por lo que habrían preparado una trama para impedir la entrada en vigor de la llamada Ley de Amnistía que beneficiaría a cerca de 500 procesados por los sucesos del 1-O.

Aquella noche del 23-J, en el balcón de la calle Génova, la plana mayor del PP celebraba lo que ellos creían era su victoria sobre las “fuerzas del mal” de Pedro Sánchez y sus aliados, el “rojerío” y los representantes del  independentismo catalán y vasco, mientras, las masas de adoradores de la desaparecida y antigua gaviota carroñera de la iconografía del PP vitoreaban a Ayuso, la dama de la “fruta”, en lugar de aplaudir a Feijóo.

La proximidad de una nueva investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno habría encendido todas las alarmas en los despachos del establishment españolista, formado por las élites financiera-empresarial, política, judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español que habrían fagocitado todas las esferas de decisión.

El artículo 124 de la Constitución Española dice que el Ministerio Fiscal es “la institución pública encargada de la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos, y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así  como de velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social”.

La orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, dictada este viernes por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI), recibió inmediatamente respuestas encontradas, mientas escala la confrontación entre Rusia y Ucrania. Los jueces consideraron que “hay fundamentos razonables para sostener que el presidente Putin es responsable de la deportación ilegal de menores a Rusia desde las zonas ocupadas de Ucrania”.

Las últimas palabras que en su alegato final en el juicio contra el independentismo catalán pronunció Jordi Cuixart, presidente de Òmmium Cultural, antes de que Marchena pronunciara el “visto para sentencia” fueron “Ho tornarem a fer” (lo volveremos a hacer).

Como viene siendo habitual desde el año 2014, Felipe VI va a presidir, este 2023, el acto de entrega de despachos a la LXXI promoción de la carrera judicial. Solamente en el año 2020 se rompió esta costumbre ya que el Ejecutivo del presidente del Gobierno de ese año, Pedro Sánchez, vetó su presencia a la ceremonia.

Recuerdan a Jorge Fernández Díaz, un Ministro del Interior de Mariano Rajoy, ahora imputado por sus trapicheos y sus amistades peligrosas con las cloacas del Estado, este capitoste del PP presumía, desde su despacho ministerial, ante Daniel de Alfonso, jefe de la Oficina Antifraude catalana de sus poderes ante la Fiscalía.