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La semana pasada con el visionado de los vídeos aportados por las acusaciones y las defensas quedó casi finalizado en el Tribunal Supremo el juicio contra los promotores de la celebración del Referéndum el 1-O y la posterior declaración política de la independencia de Catalunya por la mayoría independentista del Parlament de Catalunya.
Desde el principio este juicio, legalmente Causa Especial 20907/2017, comenzó con mal pie, y críticas por parte de diversos juristas que estimaban que el Tribunal competente es el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya al juzgarse unos hechos que tuvieron lugar en Catalunya. Llarena, el juez instructor, retorció su interpretación de la legislación vigente y ordenó prisión provisional sin fianza para la mayoría de los acusados, para posteriormente despojarles de sus derechos como diputados del Parlament de Catalunya. También aquí, diversos constitucionalistas, entre ellos el prestigioso catedrático Pérez Royo discrepan, tanto de las acusaciones elevadas por la fiscalía como de la prisión provisional que se ha dictado en una interpretación sui generis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
A la vista de los hechos del 20 de Setiembre y el 1-O, conocidos de sobra por los que los vivimos in situ i por lo visto en las informaciones audiovisuales de ambas fechas es fácil deducir que las acusaciones de rebelión y sedición no se sostienen jurídicamente con arreglo a la definición que para ambos delitos da el Código Penal. Ni armas ni violencia hicieron acto de presencia en ninguna de las fechas citadas, ni en ningún otro momento. Todo ha sido fruto de un plan urdido desde instancias jurídicas con el plácet de las más altas instancias del Estado. Había que hacer pagar a los catalanes la actitud desafiante que tuvieron al acudir a votar un referéndum que había estado prohibido expresamente por un Tribunal Constitucional que, desde hace algún tiempo, ha perdido toda imparcialidad política. La vergüenza por la que pasaron las fuerzas policiales españolas al no poder encontrar las urnas fue un fuerte agravio que los catalanes tenían que pagar de alguna manera.
Con el paso del tiempo algunos pensamos que la Fiscalía, un cuerpo dependiente jerárquicamente del Gobierno de turno, en aquellos momentos del PP y ahora del PSOE mantuvo la acusación de rebelión para poder, posteriormente, suspender de sus funciones de diputados y senadores a los acusados en caso de que fueran elegidos en una votación democrática. Y es lo que ha pasado, se han vulnerado sus derechos fundamentales pero también los de los miles de ciudadanos que les votaron para ser representados por ellos en el Congreso y Senado. El ganador de las elecciones el 28-A en Catalunya, Oriol Junqueras, ha sido suspendido en su derecho a ocupar el puesto representativo para el que fue elegido por los votantes, lo mismo que ha pasado en el Senado con el senador más votado en Catalunya, Raúl Romeva, que tampoco podrá acudir a las sesiones senatoriales. Y todo gracias a una interpretación restrictiva de la legislación, y sin haber sido condenados por sentencia alguna.
Y, recordemos que mientras medio Gobierno catalán lleva en prisión preventiva casi dos años, se pasean por las calles y plazas de España condenados en firme, incluso por el Supremo, los miembros de la extrema derecha que atentaron un11 de Setiembre contra el local de la representación de Catalunya en Madrid, atacando con violencia a los asistentes a un acto conmemorativo de la Diada, como también están libres los violadores, si, señores jueces, violadores de la denominada “manada” entre los que hay un guardia civil y un militar. Pero todos estos suelen dar los gritos de rigor de “España, una grande y libre” en el más puro estilo de los años del franquismo.
Y con todos estos antecedentes comenzó el juicio, un juicio que a veces a gentes con conocimientos jurídicos les parece una farsa. Un presidente de Sala, Marchena, que trata de manera diferente a los abogados defensores que a las acusaciones, Un presidente de Sala, Marchena, que también tiene diferente actitud ante los testigos de la defensa que ante los de la acusación. Un presidente de Sala, Marchena, que, en un rasgo que demuestra su parcialidad, cuando un defensor indica que ante las imposibilidades de hacer bien su trabajo deja de hacer más preguntas, le contesta sonriente “Mucho mejor”. Un presidente de Sala, Marchena, que impide el visionado de los videos de las actuaciones policiales al mismo tiempo que policías y guardia civiles declaraban con lo que impedía el necesario contraste entre las imágenes y lo declarado por los testigos llamados por la acusación, testigos que, es posible, que, vistos los videos, en más de una ocasión han caído en el perjurio al mentir ante el tribunal.
Los nervios están a flor de piel entre las puñetas que adornan las togas de sus señorías, Saben que desde instancias jurídicas les están mirando con lupa, y que su sentencia irá directamente al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo donde los magistrados europeos podrán apreciar las numerosas veces que se han conculcado los derechos fundamentales de los acusados. Saben que eso tardará pero recordemos que en un caso similar, España fue condenada hace unos meses por el juicio que condeno a Arnaldo Otegui a seis años de prisión. Algunas de las actuaciones como magistrado del actual Ministro del Interior, Grande Marlaska, han sido censuradas, por faltar a la verdad, por el tribunal europeo. Pero, de momento, ellos siguen adelante. Es tarde para volverse atrás.
Y hace unos días llegó la guinda de esta tarta judicial. El grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU ha hecho pública una resolución en la que insta al Estado español a liberar de manera inmediata a los presos políticos. Este grupo, formado por cinco expertos independientes y que no cobran estipendio alguno por este trabajo son nombrados oficialmente por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Han estado más de un año estudiando los argumentos de los acusados y también los del Gobierno español, y han llegado a la conclusión que están en prisión por sus ideas y no por sus hechos, hechos que en ningún caso pueden ser calificados de rebelión, como anteriormente así lo declararon instancias judiciales de Alemania, Bélgica, Suiza y Reino Unido.
Entre los diversos estamentos del Estado español no ha sentado nada bien está resolución que no es vinculante pero que Francia y Alemania, en casos similares, tuvieron en cuenta. Y, como siempre, intentan desacreditar a los miembros del grupo de trabajo, es una costumbre muy española la de matar al mensajero. Hace un año tuvieron la oportunidad de recusar a los miembros del grupo, y no lo hicieron porque creían que la resolución sería favorable a los intereses españoles, ahora solo les queda el derecho al pataleo, hacer el ridículo ante el mundo o bien tocar arrebato para que, como en 1946 los españoles, con bus y bocata gratis, acudan a la plaza de Oriente, con pancartas que digan, como entonces ante Franco, “Si ellos tienen ONU, nosotros tenemos DOS”, pura cuestión testicular.
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