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No hay peor ciego que quien no quiere ver. Este dicho de nuestra lengua se puede aplicar con toda propiedad a los catalanes, la mayoría de ellos independentistas que rehúsan emplear la lengua oficial del Estado, que, según nuestra Constitución, es el Español. El sañudo y desmesurado ataque que en esa región está sufriendo nuestra lengua se manifiesta a todos los niveles, no solo en eldela enseñanza,sino en el resto de las actividades de los ciudadanos.
La que conocemos como Ley del Péndulo nos habla de cómo la sociedad estancada en situaciones extremas desea y busca el conocimiento de los “espacios” opuestos o contrarios. Puede valer ese concepto como explicación de enciclopedia general, pero cuando uno profundiza y analiza la historia de las múltiples culturas y sociedades vemos que el “Péndulo” tiende siempre a volver a determinados “status” políticos por intereses o proyectos de grupos de presión social.
En la comunidad catalana y, concretamente, en la prensa escrita, tenemos un ejemplo palpable de lo que supone un medio privado de información puesto al servicio de la causa separatista, en el que colaboran un plantel de periodistas a los que no les importa inventar, tergiversar, falsear y vender como buenas, actuaciones de la Generalitat, el gobierno socialista, los partidos separatistas catalanes y las instituciones adictas al objetivo independentista.
Los movimientos separatistas que existen en el mundo, de los que no somos ajenos en España, nacen por el deseo de algunos grupos políticos en ser autónomos de una comunidad superior a la que pertenecen desde hace muchos años, para lo cual emplean generalmente acciones ilegales de todo orden. Suelen alegar razones diversas como religiosas, lingüísticas, étnicas o políticas.
En España, señores, hemos entrado de lleno en la época de los despropósitos gubernamentales, a precio de saldo. Parece ser que todo lo que se está organizando en esta nefasta etapa de entreguismo del país a quienes tienen el propósito de llevarlo al desguace, tiene un componente encaminado a trastocar los valores tradicionales de los que hemos gozado durante años.
Cuando uno lee, en un periódico catalán:“El Gobierno necesita que el órgano (el CGPJ) se renueve para nombrar a dos magistrados progresistas para el TC”, no sabe si quien lo escribió no tiene ni idea de lo que representa el poder judicial o si de lo que se trata es de la constatación de que lo que se propone el gobierno de Sánchez es despojar del derecho constitucional a los ciudadanos que no estén de acuerdo con el pensamiento único que piensa imponernos el Estado.
El pasado 7 de noviembre se cumplieron 50 años de la constitución de la Asamblea de Cataluña. También era domingo, como ha pasado este año, y en la Iglesia de San Agustín en pleno barrio del Raval de Barcelona los habituales de la misa de doce miraban con extrañeza cómo aquel domingo el número de asistentes al oficio dominical había aumentado con unos feligreses distintos de los habituales a la misa del mediodía y totalmente desconocidos en el barrio.
Si el señor Pedro Sánchez no hubiera demostrado, con suficiente claridad, su plena disposición a tener satisfecho al independentismo catalán y vasco para asegurarse su sillón presidencial, podríamos pensar que no se entera de lo que está sucediendo en Cataluña, donde no pasa día que no haya algún iluminado que no se meta con España y los españoles.
Este aspecto de la enseñanza es lo que debiera ser un campo en el que los políticos y el Gobern catalán hubiesen centrado sus máximos esfuerzos, en lugar de convertir las escuelas y las universidades catalanas en reductos para la imposición inclusiva de la lengua catalana.
El fenómeno catalán ha entrado en lo que se podría calificar como la disparatada e inexplicable discordancia entre lo que aspiran unos, los más recalcitrantes separatistas; lo que buscan obtener otros, los más pragmáticos y lo que un grupo importante de catalanes, los que prefieren pisar tierra firme y no correr el albur de que la autonomía acabe desmoronándose bajo el peso de la inoperancia, la fantasía, las utopías soberanistas.
La explicación del comportamiento erróneo del Gobierno español, en apoyo de Puigdemont y en contra de que sea extraditado (pidió la suspensión de la euroorden a pesar que sólo el juez Llarena puede hacerlo y no lo hizo, en ningún momento), es muy sencilla: el señor Sánchez lo único que pretende es salvar los PGE para el año próximo, algo que no tiene posibilidades de conseguir sin el apoyo de los escaños catalanes.
Lo que ocurre en Cataluña -en general- y en el Barcelona club de fútbol -en particular- es para estudiar en profundidad la historia de un descalabro colectivo con protagonistas muy concretos.Tanto si nos fijamos en la Generalidad como si lo hacemos en el mimado y separatista club de Barcelona (el otro no cuenta prácticamente por ser decente), sacaremos parecidas conclusiones.
Cuando una sociedad es sana, no puede utilizar permanentemente la mentira. Si así fuera y por un milagro se independizase, ¿admitiría las otras mentiras como un derecho? Cataluña, por desgracia, tiene un gran defensor, el Gobierno español, mercenario, siempre amenazado y siempre cobarde y miedoso… porque también el Gobierno come con ellos.
El pasado miércoles se reunió en el Palau de la Generalitat en Barcelona la llamada “Mesa del Diàlogo”. A un lado el Gobierno de España, y su Presidente Pedro Sánchez, enfrente los representantes del Govern de la Generalitat, con su President, Pere Aragonés, al frente. Una reunión de alto nivel a la que muchos, de un lado y otro, habían intentado poner piedras en el camino con el fin de impedir su celebración.
En ocasiones los españoles volvemos la mirada hacia atrás y nos preguntamos por qué hemos sido capaces de tirar por la borda un estado de bienestar que, a algunos, seguramente les parecía poco, a otros por el simple hecho de estar gobernados por la derecha, les repateaba el hígado y al resto, sin duda una mayoría, nos parecía un don de Dios poder disfrutarlo en paz, sin amenazas aparentes.
Como todos sabemos, la trayectoria de Pedro Sánchez, (lacayo de los comunistas de Podemos) desde que llegó torticeramente a la presidencia del Gobierno, está envuelta en una especie de tela de araña que abarca todas las trapisondas e ilegalidades conocidas que están dejando a España en un estado de letargo social y económico del que difícilmente podremos salir.
Cuando es el propio señor Illa, líder de la oposición del Parlamento catalán, quien afirma que “desde el principio se sabía que ésta era una mesa de diálogo entre gobiernos”, huelga más aclaraciones, más interpretaciones y más suposiciones respecto a lo que se está tramando en esta “mesa de diálogo”, denominación bajo la cual se nos intenta hacer tragar a los españoles que se busca reconducir las relaciones de España con la abiertamente antiespañola Cataluña.
¡Qué manera de hacer el ridículo por las calles de Barcelona! El terrorismo callejero protagonizado por el independentismo empieza a ser una diversión para cuatro paranoicos que --en vez de apuntar con el dedo a Carlos Puigdemont y a José Luis Alay o de cogerlos por la pechera-- aún creen en la violencia para alcanzar la inconstitucional independencia. No parecen haber entendido los independentistas que la Diada empieza a ser división, mofa y motivo para el desencuentro.
El pasado 2 de Agosto los Gobiernos de España y Catalunya firmaron un acuerdo por el que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez se compromete a invertir 1,700 millones de euros en la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, de siempre conocido como El Prat y que desde hace algún tiempo ostenta el nombre oficial de Josep Tarradellas, nombre impuesto desde las altas instancias madrileñas sin consultar a ninguna autoridad catalana.
Observamos que, precisamente en vísperas de la Diada del 11 de septiembre, como si esta festividad tuviera el poder de conceder la inmunidad en contra del Covid 19, deciden suprimir todas las limitaciones que existían en la autonomía para evitar la propagación de esta cepa Delta, tan contagiosa, de la epidemia que tantos dolores de cabeza está proporcionado a la sanidad autonómica.
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