El 3 de agosto de 2020, se emitía un comunicado desde la Casa de Su Majestad el Rey donde Don Juan Carlos venía a decir, entre otras cosas, a su querido hijo Felipe lo siguiente: «Hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey, comunico mi meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España».

Estalló la bomba, lo que muchos conocían desde hace años y fueron obligados a silenciar. El ex rey de España, y ex Jefe de Estado, para no afrentar al apellido Borbón, ha sido un “picha brava” durante decenas de años, y, a mayor abundamiento, los españoles le han pagado, al menos, una de las amantes vía fondos reservados con la complacencia de dos Presidentes del Gobierno: Felipe González y José María Aznar.

Cuando faltan pocos meses para que se cumplan los tres años de la “tocata y fuga” del heredero de Franco para cobijarse bajo las capas de sus amigos de Arabia Saudí, él, Juan Carlos de Borbón, ha vuelto a esta madre patria que tanto le ha dado a ganar. Nos ha salido un rey fugitivo y viajero y como un jubilado más ha decidido que nada ilustra tanto como recorrer el mundo.

Más allá de la crisis política y económica que sufre España, viene larvándose en estos últimos tiempos una crisis institucional, que de continuar avanzando, puede afectar muy seriamente a los pilares de nuestro sistema democrático y a la arquitectura constitucional que lo sostiene.

El monarca cuya avaricia le condujo hacia la maldición de convertir en oro todo lo que tocaba. Así es la vida del emérito recopilada en formato docuserie bajo el acertado nombre de ‘Salvar al Rey’. Historia reciente que alerta e indigna desde el punto de vista social pero también periodístico. Décadas de silencio al servicio de un personaje cuyos intereses diferían de lo que, en teoría, debe buscar un jefe del estado, primando su bien frente al bien ciudadano.

La visita del rey emérito a España ha provocado que un sector de la población  y de la clase política se haya lamentado de que no haya dado ninguna explicación de su comportamiento de dudosa calidad. La justicia no investiga porque se ha cerrado el caso. Preguntado el monarca por un periodista sobre el tema, respondió: “No tengo nada que explicar”.

He de confesar que cada vez encuentro más dificultad para focalizar mi columna dominical en un tema específico. Nuestra realidad cotidiana es tan abundante y sorprendente en acontecimientos de  naturaleza social, económica, política o incluso religiosa, que acertar en la que más puede ayudar a suscitar una reflexión en el lector, exige a veces un ejercicio de malabarismo intelectual.

El protagonismo que está adquiriendo la palabra explicación en los últimos días, viene dada porque el cateto, plagiador y embustero que habita en La Moncloa, (y en manos de comunistas), después de haber fracasado en su intento -largamente sostenido- de que la Fiscalía implicara al rey Don Juan Carlos I, en algún “ilícito penal”, quiere continuar “molestando” a la Monarquía, pidiendo que el rey emérito dé explicaciones.

Hace ya varias semanas que Juan Carlos I, a quien cuando tomó posesión del trono una parte de la izquierda llamaba “ Juanito el Breve”, marchó de España a tierras lejanas para disfrutar de unas merecidas vacaciones pagadas junto a sus amigos los jeques árabes, aunque malas lenguas afirman que entonó el “adiós mi España querida” buscando cobijo en un país donde no pudiera llegar la larga mano de la justicia suiza. 

El pasado 30 de octubre, D. Ignacio Campos, fiscal de la Sala 2ª del TS, expresa que le impide interponer una querella criminal contra Juan Carlos I, según el art. 56.3 de la Constitución. En definitiva, los 2.000 Millones de dudosa procedencia (aunque las investigaciones han dado datos pormenorizados de su origen), son legales.

El acoso, ¿casualidad?, al vicepresidente del gobierno y varios ministros del Gobierno, todos ellos de UP, al que son sometidos por elementos de reprobable catadura moral, por calificarlo de alguna manera, es intolerante e incomprensible, no solo para la ciudadanía española, pero mucho menos para los países democráticos de nuestro entorno y del mundo, incluso los dictatoriales.

Solo uno de cada ocho habitantes de los EAU tiene derecho a la ciudadanía, y el resto no. Más de 2/3 de sus casi 10 millones de residentes proviene del subcontinente indio o del sudeste asiático. Si bien ellos, que no son árabes, son ampliamente la mayoría de la población, no tienen mayores derechos. Dubái puede ser la urbe con más construcciones en el planeta, varias de ellas de las más sofisticadas y lujosas, pero su mano de obra (que es fundamentalmente emigrante) carece de derecho a sindicalizar, protestar o hacer huelgas, además de poder tener acceso a la ciudadanía; en tanto que muchos de ellos viven en pocilgas hacinados. Mientras los súper-ricos viven en las residencias que esos trabajadores erigen, dichos obreros inmigrantes trabajan más de 8 horas diarias y son muy mal pagados.

El 19 de junio de 2014 el rey emérito, don Juan Carlos I, abdicó del trono de España en favor de su hijo el entonces príncipe don Felipe de Borbón y de Grecia. Dos días después juró la Constitución y se hizo cargo de la Jefatura del Estado dando así continuidad a la monarquía española. Una continuidad muy accidentada porque todos los monarcas españoles desde el año 1808, en que reinaba en nuestro país Carlos IV, han tenido que salir de España camino del exilio.

El señor Sánchez ha sido capaz de asustar a toda Europa al permitirse la alianza con los comunistas de Unidas Podemos y, en especial, con este personajillo de la coleta, que ha resultado ser la más nefasta influencia para una España que, hasta su llegada, había ido trampeando con bastante solvencia las dificultades derivadas de la crisis del 2008, una etapa a la que fue incapaz de enfrentarse el presidente Rodríguez Zapatero.

El rey heredero, Felipe VI, sabia, oficialmente desde hace más de un año, que figuraba como segundo destinatario de los millones que figuraban en la cuenta de una Fundación creada expresamente para distraerlos del ojo fiscal de Hacienda, ese ente que, dicen, somos todos.

¿Qué es lo que han conseguido? Que Juan Carlos, nuestro Rey Emérito haya decidido ausentarse por un tiempo, que no exiliarse, como proclaman todos los medios de comunicación que sobreviven gracias a las suculentas donaciones que esta jauría que nos rige les concede. 

Pero que nadie caiga en la candidez de creer que con esto se ha cerrado un capítulo perturbador de nuestro acontecer político actual. Por el contrario, esto no ha hecho más que empezar, porque eliminada la histórica figura del Rey Juan Carlos, ahora el punto de mira señala la figura de su hijo, el Rey Felipe VI

La Ley 62/1969, de 22 de julio, por la que se provee lo concerniente a la sucesión en la Jefatura del Estado, designa al príncipe Don Juan Carlos de Borbón y Borbón sucesor de Franco como jefe del Estado español. Este nombramiento otorga a Don Juan Carlos, tras la publicación de dicha ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el título de Príncipe de Asturias y el tratamiento de Alteza Real.

Hace cincuenta años Francisco Franco como Jefe del Estado español, y con la autoridad que le otorgaba la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, propone a Don Juan Carlos de Borbón y Borbón como su sucesor ante las Cortes españolas y cuya posibilidad ya recogía dicha Ley de 1945 en su artículo sexto.

Desde la abdicación del Rey Juan Carlos I hasta nuestros días, la realidad sociopolítica de España es distinta. La ruptura del bipartidismo, la cuestión monárquica, la violencia de género, la corrupción, las políticas de austeridad, la irrupción de nuevos partidos y, la cuestión catalana son hechos - entre otros - que nos sirven para comprender y vehicular el presente.